Se ha designado al nuevo encargado de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y destacado que dicho organismo estará encargado de liderar el combate a la delincuencia. Tarea francamente imposible de realizar desde una institucionalidad que carece de presencia en el organigrama ministerial por lo que tiene limitadas capacidades de toma de decisión y gestión de los múltiples programas vinculados especialmente con la prevención del delito. Adicionalmente, una institucionalidad que tampoco ha establecido mecanismos permanentes de coordinación con las instituciones policiales sino más bien esporádicos esfuerzos por aumentar las señales de trabajo conjunto.

Esta evidente debilidad institucional puede costarle caro a la Concertación por su falta de preocupación en la institucionalización de procesos, programas e incluso experticias de los programas de seguridad ciudadana desarrollados en los últimos años pero también imprimen desafíos no menores para el actual gobierno que requiere de una férrea voluntad personal pero por sobretodo capacidad técnica y fuerza política para enfrentarlos.  

La experiencia de trabajo del nuevo director emana principalmente del sector privado lo que puede traer serias consecuencias si no se reconoce que la seguridad es responsabilidad del Estado, que la industria privada de seguridad carece aún de una regulación eficiente y que la principal tarea es la mejora la gestión de los programas e iniciativas aún en desarrollo. El camino por ende no es privatizar sino más bien convertir al Estado en un aparato eficiente que defina una política criminal coherente y articulada con los diversos sectores.

Por otro lado, más que crecer este espacio institucional debe redireccionarse. Programas como los de asistencia a la víctima, escuelas de futbol y de organización de la ciudadanía deben pasar a los sectores del Estado donde mejor se puedan gestionar y así evitar duplicaciones evidentes. Paralelamente fortalecer la capacidad de asistir en la toma de decisiones en un sector donde la creatividad se torna peligrosa, recordar propuestas de cárceles en islas, grupos ciudadanos delatores evidencian esta situación.  

La mirada estratégica debería tener un fuerte componente técnico para utilizar los caudales de información que se genera en esta temática que incluye información de encuestas así como de denuncias policiales. Información que debe ser compartida con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el CONACE, entre otras instituciones que a su vez generan información propia.  Además, la Estrategia Nacional de Seguridad es tal vez la única herramienta clara de gestión del sector pero requiere de cambios importantes para pasar a una segunda etapa más operativa y con indicadores de impacto.  Finalmente, la redefinición de una agenda de trabajo que otorgue relevancia a los programas de prevención efectivos a nivel local.

Pero no solo de técnica se sobrevive en el Ministerio del Interior. La capacidad política es clave ya que una de las primeras decisiones que se esperan del gobierno es saber si se continuarán con programas profundamente criticados por sus principales exponentes en años anteriores pero que permiten financiamiento de iniciativas a nivel local. Cortar los programas implica limitar presupuesto para alcaldes que carecen muchas veces de mecanismos de financiamiento para iniciativas de seguridad. Aún más relevante será ver si se pueden establecer mecanismos de cogestión para asegurar que estos fondos no se vean duplicados por aquellos que emanan de programas similares desarrollados por el Ministerio Público, de Educación o Vivienda; sin mencionar los Fondos de Desarrollo Regional donde también se necesita una profunda revisión en los procesos de toma de decisión.  

Capacidad política que será clave cuando se apruebe la nueva ley del Ministerio de Interior y Seguridad Pública para la generación de una institucionalidad realmente encargada de los temas de seguridad que incluya la rehabilitación y las urgentes reformas de SENAME y GENDARMERIA.  Defender la prevención como mecanismo fundamental para enfrentar la delincuencia es una tarea desagradable en un gobierno que busca soluciones rápidas y con programas de prevención monitoreados y evaluados permanentemente.

Los problemas son múltiples, las necesidades inmediatas y la expectativa ciudadana creciente. Lo mejor será partir con humildad, reconociendo que ganar la batalla a la delincuencia toma tiempo, preparación y conocimiento del aparato estatal. De otra forma, una de las principales ofertas de campaña de la Alianza puede convertirse en un arma de doble filo que termine erosionando la necesidad de avanzar con solidez y rigurosidad en la definición de políticas públicas de seguridad en el país.

Las noticias fueron confusas, la falta de comunicación en importantes zonas del país inexplicable y la falta de coordinación entre los actores políticos insólita. Lo que aconteció los días siguientes en Concepción es alarmante, signo de una sociedad enferma que deja de pensar en lo colectivo y se concentra en la resolución de sus problemas individuales. La información entregada por los medios de comunicación muestra la desesperación de muchos ciudadanos que enfrentados a la falta de un liderazgo claro, información oportuna y respuesta rápida a los problemas que los afectaba decidieron buscar solución a sus necesidades por medio del saqueo. Imposible poner una respuesta moral frente a padres que pasaron 48 horas sin agua o alimentos para sus hijos, lo que pone luz sobre los problemas de gestión en la administración de la respuesta a la tragedia.  De hecho en muchos casos de emergencia ocurridos en el mundo, la falta de presencia del Estado ha tenido como respuesta este tipo de actos.

Pero lo que se generó en Concepción va mucho más allá por que demostró la fragilidad del orden y la paz pública, evidenció las profundas fracturas sociales que nos rodean y materializó la violencia como método reconocido para resolver todo tipo de conflictos. Aquellos que “aprovecharon” la situación para robar electrodomésticos, saquear tiendas y casas particulares son una muestra de un problema mucho más profundo en el país. Diferente pero vinculado también con aquellos que aumentaron el precio del pan y otros insumos básicos, que duplicaron el costo de los traslados y que incluso acapararon alimentos en zonas que no fueron afectadas gravemente por el fenómeno.

¿Qué nos está pasando? Esta es la pregunta que invadió a millones de chilenos que vimos por televisión una seguidilla de hechos impensables en medio de una tragedia humana que no se logra resolver. Lamentablemente, hace mucho que se está haciendo hincapié en el malestar social que nos invadía calladamente y que explotó en los últimos días. El bicentenario nos encuentra con un país fracturado, dividido socialmente, con población que se siente excluida y actúa en consecuencia, con falta de valores de comunidad, colaboración y respeto en muchos sectores de la población.

El delito no se justifica, mucho menos en estas circunstancias. El Estado se hará presente con orden, seguridad y medidas para llevar seguridad a los ciudadanos. Pero no hay que confundirse, la llegada de los militares y la declaración del estado de catástrofe son medidas importantes pero no resolverán los problemas internos que potenciaron esta situación. Cabe esperar entonces que además de un plan de reconstrucción infraestructural en el país, el próximo gobierno enfrente los elementos de desesperación, frustración y violencia que se expresan en estos días.

Bajar la delincuencia será una de las principales tareas del próximo gobierno. La Concertación deja muchos espacios grises, caminos inconclusos, e incluso dudas sobre la efectividad de ciertas iniciativas; pero no se puede dejar de recalcar que los avances son significativos en términos de fortalecimiento del accionar policial, el inicio de un camino de coordinación intersectorial y la inversión relevante en el mejoramiento de la calidad de vida de ciertos sectores.

Una de las principales medidas de la agenda del nuevo gobierno es la conformación de un “equipo” de colaboradores que denuncien desde sus respectivos lugares de vivienda o trabajo la presencia de tráfico de drogas, robos u otro delito que afecta directamente la vida de los ciudadanos. Basados en la experiencia colombiana impulsada por el Presidente Uribe se buscaría la colaboración ciudadana mediante este tipo de mecanismos. Esta es una medida peligrosa que puede traer algunos beneficios pero también problemas graves en el corto plazo.

En primer lugar los beneficios se vinculan con el fortalecimiento de la participación de la ciudadanía, el involucramiento de los vecinos en formas diversas para resolver sus problemas y aún más importante reconocer la complejidad de la batalla contra la delincuencia. Desde inicios del gobierno de Lagos han sido muchos los intentos para fortalecer la participación de la ciudadanía que han tenido resultados tímidos como el programa comuna segura, las intervenciones en barrios de alto conflicto, entre otros. Estas experiencias han demostrado que la participación se logra efectivamente cuando los gobiernos locales toman un rol de liderazgo, diseñan e implementan políticas que impactan directamente sobre los vecinos y se coordinan sistemáticamente con el accionar policial.  De esta forma, la participación ciudadana es clave en la tarea de prevenir y controlar la delincuencia pero es un objetivo de largo plazo basado en la generación de confianzas entre las personas y hacía las instituciones del Estado.

Pero la participación no es denuncia ciudadana. Dejando de lado las posiciones ideológicas sobre la pertinencia de este tipo de acciones, los problemas que tienen los programas de denuncia implementados en el mundo son múltiples. En primer lugar, la denuncia ciudadana genera una demanda explosiva ya que prácticamente todos conocemos o sabemos o creemos saber de algún lugar o persona que comete un ilícito. La denuncia sin respuesta pública sólo genera impunidad, temor y finalmente frustración ciudadana, por lo que se requiere de un proceso de ingeniería institucional serio que permita dar respuesta a las miles de llamadas que podrían realizarse cotidianamente.  En segundo lugar, la denuncia no consolida lazos de colaboración entre vecinos sino más bien los destruye ya que se tiende a policializar problemas vecinales. Ahora bien, si se pide que la población denuncie hechos graves donde hay evidencia de acción criminal, estaríamos avanzando hacia un modelo de investigación privada donde cada uno se dedica a observar al vecino para asegurarse que no comete delito alguno.

Lamentablemente este modelo se torna peligroso para aquellos que más protección necesitan. Los colaboradores de denuncia ciudadana en zonas de alta presencia delictual y especialmente tráfico de drogas se convertirán rápidamente en focos de represalias y por ende violencia. Y finalmente pueden ser incluso víctimas de otras “denuncias anónimas” por parte del crimen organizado que aprovecha este mecanismo para desviar la atención policial.

La propuesta de aumentar la participación ciudadana es medular en cualquier programa de combate y prevención del delito. Se requieren de los mejores mecanismos para que la ciudadanía se involucre activamente, recupere los espacios públicos, reclame por sus derechos y colabore con las iniciativas de control del delito. Posiblemente las redes de colaboradores no sea el camino más efectivo para empezar este proceso, menos aún cuando en Colombia, país de donde se extrae esta experiencia,  las tasas de homicidios volvieron a crecer el año pasado.

Se viene la segunda vuelta y con ella deberíamos estar obligados a poner temas claves en debate. Uno de ellos es el incremento del consumo de drogas y los limitados éxitos que tienen las políticas implementadas.  Consumo que trae de la mano aumento de la violencia en los hechos delictivos, serios problemas de salud mental en grupos de la población y costos sociales relevantes para las próximas generaciones.

La legalización es imposible debido a la presencia de múltiples convenios internacionales que lo impedirían. En el otro extremo, las respuestas policiales han demostrado su limitado o casi nulo impacto. Por lo que se torna urgente definir iniciativas para enfrentar un problema social grave que  requiere de políticas de largo aliento, sustento político y económico, así como apoyo social.

En la búsqueda por informarnos mejor y mejorar el debate aparece la experiencia de Portugal que en el año 2001 descriminalizó el consumo de todo tipo de drogas (incluida la heroína). No confundir con legalizar el consumo y mucho menos el tráfico, pero el primero no será castigado con penas de cárcel sino con multas administrativas principalmente.  Se dijo que esta política aumentaría el consumo y generaría paraísos de droga en Lisboa, felizmente nada de eso ha sucedido.  Por el contrario, 8 años después de su inicio en un reciente informe publicado por el instituto Cato, más conocido por su cercanía con el partido republicano en USA, reconoce su importante éxito.

¿Qué se puede aprender? En primer lugar es cada vez más claro que la criminalización del consumo de drogas es un error, que responder a un problema de salud pública con policía y cárcel no colabora en su solución . Por el contrario la necesidad de fortalecer la prevención primaria con mecanismos de inclusión de los posibles adictos es clave para políticas exitosas.  En segundo lugar, los adictos no reconocen su problema por temor a ser encarcelados o estigmatizados por la sociedad, una vez reconocido como problema social, aumentaron los pacientes que reconocieron y estuvieron dispuestos a entrar en tratamiento.  Aún más relevante es que las muertes vinculadas con las drogas han disminuido sustancialmente en el mismo periodo.

La experiencia de Portugal será sin duda un caso importante a seguir en los próximos años, la gravedad del problema en nuestro país requiere de acciones inmediatas y por eso se podrían discutir por lo menos cuatro claves para empezar a enfrentar el problema de las drogas y la inseguridad ciudadana con mayor efectividad. (i) definir programas de prevención temprana para grupos en riesgo (especialmente niños vulnerables debido a condiciones familiares o individuales), (ii) establecer programas de apoyo permanente para las familias de consumidores que se encuentran en la cárcel para evitar la transmisión generacional de la adicción, (iii) establecer exigencias para que las cárceles públicas y concesionadas entreguen programas serios y de larga duración para enfrentar adicciones, (iv) avanzar hacía sistemas de cobertura de salud donde la adicción pueda ser enfrentada por la población más pobre. Finalmente en el plano institucional asegurar una completa y constante coordinación del CONACE con el Ministerio de Salud en la definición de las políticas preventivas así como una mejor capacidad de los gobiernos locales para identificar, derivar y tratar los casos problemáticos.

Ojala que algunas medidas concretas y programáticas  se puedan discutir en lo que queda de campaña política. El cambio de la política que se requiere no sólo es de rostros sino también de contenidos, empezar por definir posiciones y políticas sobre el consumo de drogas podría ser un buen primer paso.

Dos décadas han pasado desde la caída del muro de Berlín. En ese momento se debilitaron las diferencias ideológicas que sustentaron múltiples enfrentamientos incluso de corte violento en América Latina. Los llamados movimientos guerrilleros prácticamente desaparecieron con la excepción de las Farc en Colombia y pequeños grupos vinculados con Sendero Luminoso en Perú. Ambos movimientos están más cercanos hoy a la protección del narcotráfico que a la definición de una propuesta ideológica. Entonces, ¿cómo entender los últimos hechos de violencia en el país o los ataques en el sur o las bombas en bancos y hoteles de Santiago?
La explicación no es sencilla. La llegada de la democracia en la región consolidó un programa de gobierno de centro izquierda que incluyó muchos de los reclamos previos de los grupos radicales. De hecho, en la actualidad la mayoría de los países de la región son gobernados por partidos e incluso líderes que estuvieron en una clara confrontación con los regímenes no democráticos de antaño. Pero paradojalmente, los avances y desafíos aún pendientes han generado nuevos conflictos o permitido que antiguos emerjan en la agenda política.
En Chile este proceso es especialmente llamativo ya que la concentración en los logros de la transición y los avances económicos y sociales parecen invisibilizar la presencia de diversos  conflictos. En los últimos meses hemos sido testigos de la emergencia de grupos ciudadanos antisistémicos que explicitan su distancia y fastidio con la forma como se organiza la sociedad. Muchos de estos grupos han expresado sus posiciones ya sea protestando en las calles, tomando espacios públicos o estableciendo formas de convivencia alternativas.
Recientemente también han aparecido hechos violentos que si bien son aún aislados evidencian el uso de la fuerza con armas en el sur del país y bombas en Santiago. Los últimos casos ocurridos en el Hotel Marriott y en una sucursal bancaria en Las Condes  muestran los bajos niveles de control para estas situaciones. ¿Estos hechos presagian el desarrollo de ataques terroristas en el país? No parece ser este el caso,  pero sin duda los conflictos sociales serán actores claves de la agenda política del próximo gobierno.
Se trata de conflictos que se vinculan con los problemas pendientes con la comunidad mapuche, pero también a múltiples reclamos sociales que van desde mejoras salariales hasta la calidad de la educación y los servicios públicos en general. Conflictos que pueden escalar rápidamente si no son enfrentados políticamente y con rapidez. Este es uno de los principales desafíos del próximo gobierno: avanzar en la búsqueda de soluciones políticas antes que policiales.
Un posible aumento en cantidad y magnitud de estos hechos tendría consecuencias graves para el país y sus ciudadanos. Sin duda, afecta la calidad del clima interno, la sensación de inseguridad de la población e incluso formas cotidianas de utilización de espacios públicos. Esto impacta en la forma como se realiza el trabajo policial así como el de inteligencia  para dedicar esfuerzos en la detección y prevención de hechos violentos o posibles atentados.
Las noticias que vienen del sur del país no logran captar la atención necesaria de una audiencia centrada en los problemas capitalinos, y son muestra de un deterioro de las relaciones de convivencia así como de una falta de comprensión de las profundidades de un problema donde el conflicto es sólo una expresión. Consecuencias económicas, también ya que se empeora el clima de negocios y resurgen fantasmas del pasado con una polarización creciente de la población.
Pero no hay que engañarse, la posibilidad de actos radicalizados en las calles de la capital no se vinculan únicamente al conflicto con el pueblo mapuche. Muy por el contrario, diversos estudios han puesto énfasis en el incremento de la violencia en aquellos países donde el crecimiento económico se ha instalado como una realidad, pero sus consecuencias más directas afectan a un pequeño grupo de la población. Dejando a sectores importantes de la población frustrada,  con sentimiento de engaño frente a un sistema que ofrece lo que no se puede consumir y donde los anillos de la exclusión parecen ser infranqueables.
Al descontento social se suman grupos delincuenciales que aprovechan  cualquier ocasión de protesta o manifestación pública para cometer delitos o actos de vandalismo. La manifestación de los pingüinos a inicios del gobierno de Bachelet  fue un ejemplo de este tipo de situaciones, que terminan con enfrentamientos policiales innecesarios frente a manifestaciones sociales no violentas. Esta presencia requiere de respuestas públicas diferentes y especializadas que no criminalicen la protesta social.
Los últimos gobiernos han tenido una actitud variada frente a la posible presencia de terrorismo en el país. Por un lado, han negado tajantemente su presencia y declarando a diversos hechos de bombas encontradas en la capital como situaciones aisladas. Esto sucedió con la bomba que se detonó frente a la Agencia Nacional de Inteligencia y al Consejo de Defensa del Estado en enero y diciembre del 2006, respectivamente, y más recientemente con el episodio ocurrido en el Hotel Marriott. Por otro lado, diversos actos ocurridos en el sur del país han sido categorizados como terroristas por parte del Ministerio Público con la evidente anuencia del gobierno. Esto último ha sido denunciado por Human Right Watch como una violación evidente de la garantías procesales por parte de una ley que fue dictada en 1984 con el propósito de enfrentar la resistencia armada contra la dictadura. Aunque desde 1990 se han hecho cambios relevantes a dicho marco legal, en la actualidad un incendio puede ser considerado un acto terrorista.
El próximo gobierno enfrenta un panorama complejo respecto del desorden social. Especialmente desafiante para un posible gobierno de la Alianza  que carece de experiencia de negociación política en este tipo de conflictos y cuyos representantes en el Congreso han apoyado de forma reiterada la necesidad de una mano fuerte. En caso de que Sebastián Piñera gane las elecciones presidenciales, el aprendizaje tendrá que ser veloz para evitar un aumento de los hechos violentos o la búsqueda de medidas radicalizadas para establecer agendas de debate. De igual forma, un nuevo gobierno de la Concertación deberá avanzar en la recuperación de agendas más inclusivas que permitan disminuir la presión actual.

Era de esperar, se acercan las elecciones y el debate sobre la seguridad pública empieza a jugar con las metáforas del “candado” “la puerta giratoria” “la mano dura” y aún nos quedan la “tercera es la vencida”, “tolerancia cero” e incluso algunas otras creaciones nuevas para este periodo.

Estas metáforas han nacido como herramientas comunicacionales y seguirán siéndolo. No se les puede pedir que reflejen la realidad, analicen la problemática o propongan soluciones. Son ideas con impacto que muchas veces generan más desconcierto que certeza entre los votantes pero seguro que llaman la atención.

Esto mismo ha sucedido en estos días cuando se reflotó el tema de la puerta giratoria y las supuestas culpabilidades de las misma. Cabe preguntarse si realmente el candidato de la Concertación cree que los tribunales son los culpables de esto (si así ocurriera) ya que todas sus definiciones programáticas y propuestas específicas no hacen mención a nada vinculado con esta situación. Es posible que sea un problema más comunicacional que de programa lo que se está debatiendo, pero en cualquier caso, bien vale incluir algunos números para aprovechar el debate y avanzar en el conocimiento del problema.

En Chile el total de personas recluidas en las cárceles ha crecido de forma sistemática en los últimos años.  En realidad más bien décadas, ya que en el año 90 eran 22 mil los presos y estamos cerrando este año con más de 53 mil. A esto hay que sumarle casi 53 mil personas condenadas a medidas alternativas lo que también muestra un incremento sustancial ya que a inicios de los 90s no pasaban de 15 mil. Es decir, en Chile hay cada vez más personas cumpliendo condena.

Adicionalmente, el número de sentencias condenatorias paso de 11 mil en el año 2001 a más de 215 mil en el 2008, es decir un incremento más que exponencial en un periodo relativamente corto de tiempo. Por ende,  la presión desde la Justicia al sistema penitenciario es cada vez mayor para albergar población condena por diversos delitos.

Es cierto que en muchos casos los detenidos no son condenados, lo que se puede deber desde a la falta de pruebas hasta la tipificación del delito y del victimario.  Pero, ¿Será que queremos como sociedad que todos aquellos que cometen un delito por primera vez vayan presos?  La evidencia mundial muestra que esa si que es una mala receta. La cárcel debe ser recurso de última instancia para aquellos infractores reincidentes, violentos o que realicen ciertos tipos de delito. Esto, por que el mundo de la cárcel generalmente potencia las acciones violentas, la vida en el delito y disminuye las posibilidades reales de reinserción.

¿Puerta giratoria? Es cierto que existe, es aquella donde los infractores entran y salen de un sistema que no logra rehabilitar, ni resocializar y mucho menos integrar. Así entendido, tenemos una puerta donde cada día pasa más gente que luego de ser integrada al mundo de la delincuencia no puede (o no quiere) salir.  Si lo analizamos de esta forma lo que hay que reforzar son los sistemas de medidas alternativas a la cárcel para asegurarnos que aquellos condenados a estas medidas verdaderamente las cumplan, y logren un proceso de integración más efectivo. Además entrar de lleno con iniciativas que permitan enfrentar las adicciones de una población que en muchos casos recurre al delito como forma de sustento de su enfermedad. Y finalmente, reconocer que 100 mil personas condenadas evidencia un profundo problema social, vinculado con la inequidad, con la mala distribución del ingreso, con altos niveles de desempleo juvenil entre otros factores.  Ojala que el debate político recupere estos temas que sin duda son los que harán que el país sea más seguro en el futuro.

El día de ayer Iván Zamorano, ídolo nacional, asistió a La Moneda acompañado del equipo de fútbol de niños de La Legua que logró viajar a Madrid luego de múltiples competencias desarrolladas en el marco de la Copa Chilectra. Pero aún más, le ganó al Real Madrid sub13 con lo que los niños y sus padres empezaron a soñar con alternativas a la vida de precariedades que enfrentan cotidianamente.

Zamorano, en un hecho casi inédito en el debate político nacional sobre la delincuencia, afirmó que no está de acuerdo con los candidatos presidenciales que ofrecen más cárceles y carabineros para intentar resolver el crimen. Totalmente acertado Zamorano.  Es cierto, estas iniciativas no son soluciones de fondo para un problema que día a día muestra sus múltiples aristas.  Sólo en la última semana hemos sido testigos de jóvenes que se apuñalan al interior de recintos educativos, presuntos ajustes de cuentas entre narcotraficantes, balas perdidas que impactan sobre inocentes víctimas, entre otros.

Zamorano tiene razón, pero todos los candidatos presidenciales piden más carabineros y ambas coaliciones han votado por leyes que  castigan fuertemente a los infractores, incluso jóvenes no violentos.  Así, tal vez incluso sin saberlo, Zamorano puso énfasis en un tema que pocas veces se discute rescatando la necesidad de otras medidas que no se centran en el castigo sino más bien en la prevención del delito.

El futbol es una muestra pero cuidado, la habilitación masiva de multicanchas en barrios considerados vulnerables requiere de compromisos gubernamentales de largo plazo. La Presidenta ayer prometió césped para la cancha de la Legua Emergencia, ojala que la misma vaya acompañada de inversión en sostener la presencia de entrenador técnico que asegure un rol positivo y de liderazgo para los jóvenes. Pero además la integración de los valores positivos del deporte como mecanismo de consolidación de carreras educativas,  y sistemas de mediación de conflictos para niños y jóvenes que viven en espacios marcados por la violencia. Iluminación, seguridad, presencia ciudadana, cooperación con el gobierno municipal y altos niveles de apoyo con medidas de protección social son elementos indispensables para un programa como este.  La experiencia en otros países muestra que mal implementados, estos programas pueden incluso aumentar los niveles de violencia entre jóvenes que disputan sus partidos literalmente a morir.  

La inversión por ende es de largo plazo y requiere por lo menos de cuatro elementos claves: Líderes positivos que como Zamorano y tantos otros se comprometen en colaborar con estas iniciativas, cooperación con el sector privado, como Chilectra, para promover e invertir en las zonas estigmatizadas de nuestro país, en tercer lugar voluntad política que permita diseñar e implementar iniciativas de largo aliento que acompañe a los niños por todo su proceso educativo y de esta forma impacte no sólo en la disminución de la delincuencia sino también en la capacidad de integración  social.  Finalmente y tal vez aún más importante, es la intención de  niños, jóvenes y adultos (especialmente padres y madres) que a pesar de vivir en espacios de precariedad, vulnerabilidad, discriminación y violencia optan por el esfuerzo, por creer que la voluntad puede mover montañas.

Este equipo de niños futbolistas muestran que la voluntad existe y que pequeños pero certeros apoyos logran cambios más que relevantes. Queda esperar que las palabras de Zamorano repercutan en aquellos que toman decisiones de política,  pero no sólo eso, tal vez tenga mayor éxito si genera debate entre una ciudadanía asustada que muchas veces recurre a la solicitud de policías y cárceles  como solución a los problemas cotidianos que enfrentan.

El día de hoy el Ministerio del Interior publicó la estadística respecto a las denuncias y detenciones del segundo trimestre del 2009, tradicionalmente entregado en Agosto, las noticias que trae este informe no son buenas. Si bien las denuncias no son un referente directo para saber que está pasando con la delincuencia en el país, permiten generar un panorama de análisis de tendencia que refleja los principales problemas que enfrenta la población.
De esta forma las denuncias de hechos de mayor connotación social ocurridos entre Abril y Junio del presente año subieron en 7.5%.  Cabe mencionar que es la mayor alza en el análisis entre trimestres desde el año 2004-2005, periodo en el cual de hechos las denuncias decrecieron en 4.1%.  Sin duda, cifra compleja para el gobierno que ha mostrado hasta ahora cambios sistemáticos en la información delictual a la baja, con encuestas de victimización que ratifican menores niveles de victimización.

Pero aún más complejo para la ciudadanía cuando se reconoce que  el principal delito es el robo con fuerza (41% del total), es decir el robo a viviendas y autos principalmente, seguido por el hurto (22%) y las lesiones (19%).  Delitos cuyas denuncias han aumentado en este trimestre en aproximadamente 13%, 9% y 2% respectivamente.  Además de concentrarse las denuncias en estos tipos delictuales, las denuncias se han descentralizado.  Regiones con incrementos de la denuncia analizando el segundo trimestre del año pasado de más del 20% muestran algún proceso significativo ya sea de profunda efectividad institucional o de incremento de la criminalidad.  Estas regiones son tan diversas como Magallanes, Los Lagos, Atacama y Arica y Parinacota.

Ahora bien, ¿estos datos permiten afirmar algo respecto a la delincuencia? Sin duda un incremento de esta magnitud no puede ser atribuible a una mayor confianza ciudadana en la policía y la justicia. Por ende hay una situación de complejidad del panorama delictual en el país donde si bien los delitos violentos disminuyen su denuncia, aquellos que afectan directamente la propiedad así como las lesiones muestran un cambio de tendencia preocupante. La información tiene una clara limitación por la carencia de desagregación entre los diversos delitos que componen el robo con fuerza, no sabemos si aumento el ingreso a viviendas o el robo de partes de vehículo. Sin duda, todos problemas complejos pero que requieren respuestas de política diferente y articulaciones institucionales específicas.

La información del segundo semestre donde los indicadores económicos estaban aún en declive y el desempleo en aumento debe ser analizada en su contexto pero sin duda requiere de una mirada más fina sobre la eficiencia de las iniciativas y políticas de seguridad pública desarrolladas en los últimos años.

Pero además de las denuncias, el informe también incluye las detenciones flagrantes por estos delitos desarrolladas por Carabineros de Chile, las que crecieron en 8,9% respecto al periodo anterior.  Ciertamente la mayoría de detenidos se vinculan al hurto (55%) y las lesiones (20%) lo que evidencia que un importante porcentaje de hechos de robo con fuerza no generan detenidos en flagrancia, por ende no deben tener una solución directa para la víctima en términos de reposición de sus bienes o castigo a los culpables.

Lamentablemente la estadística de detenidos tampoco aporta significativamente al diagnóstico de la situación delictual. ¿Cuántos de estos detenidos son efectivamente imputados por un delito? ¿Qué tipo de procedimiento se desarrolla después de la detención?

Se puede afirmar que la situación en términos de delincuencia está peor que hace unos años atrás, queda esperar la encuesta de victimización para saber la real magnitud del fenómeno. Es obvio también que se requiere de mayor información para avanzar en el diseño de iniciativas que enfrenten los problemas específicos de cada región o ciudad por que mucha información general puede tender a aumentar la inseguridad y el desconocimiento frente a uno de los principales temas de preocupación ciudadana. Pero aún más relevante se requieren de herramientas claras para evaluar el impacto de los diversos programas implementados a nivel local y nacional tanto para la prevención, la rehabilitación y el control.  La inseguridad tiene una inercia, por ende excelentes iniciativas implementadas hoy tendrán repercusión en el mediano plazo y por ende es posible esperar una tendencia de incremento para los próximos trimestres.

Las últimas semanas se ha generado un debate sobre la posibilidad de cerrar ciertos pasajes o calles con rejas que limiten el acceso a extraños a determinadas horas para de esta forma lograr mayores niveles de seguridad. A este debate que ha tenido a los alcaldes exigiendo mayores capacidades de decisión, ha sido ratificado por el Informe de Habitat 2009 que explicita que Santiago es una ciudad enrejada.
Pero Santiago no es única en este sentido. América Latina y sus principales ciudades evidencian un incremento sustancial del uso de rejas, cercos eléctricos y otro tipo de mecanismos para limitar la capacidad de ingreso a casas o condominios. En la mayoría de países esta situación se explica por incrementos complejos de la criminalidad, y la inexistencia de una fuerza pública capaz de resolver el problema y brindar seguridad a la población. En muchos casos, además de estas iniciativas, se suma la presencia de cámaras de televisión, guardias de seguridad e incluso guardias fuertemente armados para disuadir a los criminales.
Volviendo a Chile, el profesionalismo de las instituciones policiales no está en duda y en general los municipios han reforzado la presencia de seguridad con programas de vigilancia rutinaria en diversas comunas. Adicionalmente, las zonas más privilegiadas de la ciudad, e incluso las comunas de clase media, han crecido verticalmente (edificios que cuentan con sofisticados sistemas de seguridad) o horizontalmente en condominios que vienen con prediseños de espacios cerrados, rejas de ingreso y guardias que revisan los ingresos y salidas. Adicionalmente, muchos vecinos han optado por organizarse para cerrar sus pasajes y colocar rejas que limitan el ingreso de personas a la noche especialmente.

Esta tendencia es difícil de limitar. Sin duda la población se siente más segura con estos mecanismos de protección instalados en sus hogares. A pesar que la mayoría de estudios realizados en otros países demuestra que el cierre de calles no es un elemento que en el largo plazo aumente los niveles de seguridad, sin duda tiene un impacto en la percepción de los ciudadanos en el corto plazo.
Ahora bien hay tres puntos que son claves en esta discusión. En primer lugar los lugares invadidos por la delincuencia, con presencia de microtráfico y actos de violencia callejera deben tener una respuesta pública seria no centrada en la capacidad de los vecinos para colocar rejas ya sea en sus casas o calles. Algunos alcaldes han tratado de justificar la colocación de rejas para enfrentar este tipo delincuencia, situación que es por decir lo menos absurda. Si algún alcalde está en conocimiento de lugares específicos donde se vende droga, tiene que coordinar acciones con la policía y el ministerio público. Las rejas y otros elementos disuasivos sirven para evitar los llamados delitos de oportunidad, es decir aquellos donde altos niveles de violencia no son utilizados.
En segundo lugar, hay que ratificar la necesidad de descentralizar la toma de decisiones en temas tan claves como este que finalmente impacta en la calidad de vida de los ciudadanos. Si bien requerimos de un marco legal que permita actuar en el país con la misma fuerza, es clave dejar que sean los municipios aquellos que establezcan una relación directa con los vecinos para definir cuales son los mecanismos más apropiados para combatir y prevenir la delincuencia.
Finalmente, los acaldes no pueden convertirse en promotores de rejas como buena práctica ya que se convierte en una solución que no es posible de pagar para muchos que sufren de condiciones de precariedad en la ciudad y que mal administrada puede generar mayor inseguridad y problemas de convivencia. Encerrarnos, enrejarnos, tratar de no ver lo que pasa más allá de nuestros hogares claramente no solucionará el problema de la delincuencia, muy por el contrario aumenta la fragmentación, la estigmatización y la violencia que se usa en las relaciones sociales. Todo lo anterior sólo aumenta la inseguridad y potencialmente la violencia en la ciudad.

En las últimas semanas se han evidenciado los diversos problemas que enfrenta el sistema de licencias en múltiples organismos del Estado. La utilización indebida de licencias puede poner en riesgo un sistema imprescindible para los trabajadores. La información relevada por la prensa muestra la necesidad de avanzar en una mirada más solidaria sobre el sistema para evitar el fenómeno de los “viajeros gratuitos” que usan y abusan de los sistemas sin reconocer el perjuicio que esto genera a los que lo sostienen.  La protección social valorada por todos requiere de serios compromisos por parte de la sociedad en su globalidad para permitir que los beneficios lleguen a aquellos que más lo necesitan.

En este marco y, beneficiados por la Ley de Transparencia, hace varios meses solicitamos información diversa de Gendarmería de Chile con la convicción de su necesaria transformación.  Múltiples son los datos que relevamos pero sin duda la cantidad de licencias medicas solicitadas anualmente aparecieron como un problema de especial relevancia.  De hecho, en los últimos días, el Director de Gendarmería ha hecho pública expresión de su preocupación sobre supuestos abusos en este sistema. Pero ¿cual es el grado de magnitud del problema?

Según datos oficiales durante el año 2008 el personal de Gendarmería recibió 331,910 días de licencia médica, es decir 990 licencias por día considerando incluso sábados y domingos.  Número que supera largamente las especulaciones que podríamos haber tenido en un inicio del estudio.  Ahora bien, el personal de planta y contrata durante el mismo año fue de 13,563 personas con lo cual cada uno pudo haber tomado prácticamente 25 días con licencia en el año, es decir más de un mes de trabajo fuera de las oficinas. Estimado que en mucho supera las capacidades de el Estado Chileno, o cualquier Estado nacional, para solventar por parte de su fuerza de trabajo.

Se podría tratar de explicar este fenómeno por licencias maternales o los beneficios que tienen los padres respecto a las enfermedades de los hijos menores de un año.  Dos importantes beneficios que han logrado las madres trabajadoras de nuestro país y que sin duda deben consolidarse cuando no ampliarse. Pero en Gendarmería el total de licencias maternales sumaron 25,538 días (a las que se suman más de 10 mil días por patologías del embarazo) y las de enfermedad por hijo menor de un año 22,695 días.  Cabe destacar que el total de  funcionarias en planta o contrata fue de 2905 en dicho año, lo que indica que aproximadamente 440 fueron madres durante este periodo de tiempo.

El grueso de las licencias se vinculan con enfermedades o accidentes comunes, más de 259 mil días en el año.  Lo que puede demostrar que las condiciones laborales de la planta de Gendarmería son complejas, precarias y casi insalubres o que el sistema no está siendo utilizado de forma adecuada. Ciertamente el trabajo en las áreas vinculadas con la seguridad incluyen altos niveles de exigencia física y emocional por parte aquellos que están encargados de la vigilancia, seguimiento, evaluación y monitoreo de poblaciones especialmente violentas. Es por eso que en la mayoría de países del mundo, los sistemas de cobertura médica y jubilación de estos funcionarios son especiales y se permiten jubilaciones con menos antigüedad o menor cantidad de años de vida que cualquier otro trabajador.  Para ahondar en el proceso de reforma de las políticas de seguridad, consolidar mejores niveles profesionales de los gendarmes e instalar la institución en el marco de altos niveles de eficiencia y eficacia el problema de las licencias debe ser revisado para evitar que unos cuantos perjudiquen al resto de los trabajadores que diariamente cumplen sus obligaciones.