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Estado y mercado: una relación por formalizar

El año pasado el gasto público como porcentaje del PBI fue equivalente a 38% en Brasil, 29% en Colombia y 23% en Chile. En Perú fue 14%, el más bajo en la región.

Carlos Heeren
Ilustración: Lucho Chumpitazi

HERRAMIENTAS

EN EL PERÚ NO EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y EL MERCADO; LO QUE EXISTE SON RELACIONES PUNTUALES ENTRE ESTE ÚLTIMO Y LOS GOBIERNOS DE TURNO. ESTA INDEFINICIÓN DELATA LA AUSENCIA DE INSTITUCIONALIDAD EN EL PAÍS Y CONSTITUYE UN COMPONENTE ADICIONAL DE INESTABILIDAD Y RIESGO EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES. UNA RÁPIDA REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS MUESTRA GOBIERNOS QUE FAVORECIERON EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ALEJARON AL ESTADO DE LOS CIUDADANOS —COMO EL DEL PRESIDENTE FUJIMORI— Y OTROS QUE CONSIDERARON QUE EL ESTADO DEBÍA SER EL ACTOR PRINCIPAL COMO EL DEL PRESIDENTE VELASCO. INCLUSO HUBO UN MANDATARIO, ALAN GARCÍA QUE EN CADA UNO DE SUS DOS GOBIERNOS ADOPTÓ ESTAS POSTURAS ANTAGÓNICAS.

 

Desde un punto de vista conceptual, este nexo debería estar marcado por posiciones ideológicas ligadas al rol del Estado y los efectos de su intervención en el mercado, a la calidad de vida de los ciudadanos y al progreso del país. Sin embargo, también está profundamente influenciado por los actores y las emociones.

En el caso de los primeros, en el debate se simplifican las posiciones al vincular, por un lado, a los empresarios, con la idea de que solo quieren libertad para maximizar sus utilidades de corto plazo y, por el otro, a la izquierda, que considera que la acción colectiva puede ser superior a la individual y defiende la eficiencia de la actividad pública. Dada la asociación de estos dos actores con las posiciones señaladas, su imagen ante la opinión pública resulta especialmente relevante. Según un sondeo sobre las percepciones y opiniones del mundo empresarial en Lima, publicado por la PUCP, el 39% de los encuestados admitía tener poca o ninguna confianza en las empresas peruanas (en el NSE D y E, esta cifra llegaba a 50%). En el caso de los gremios empresariales, el porcentaje subía a 55%. Con respecto a la izquierda distinta del nacionalismo, sus resultados electorales a nivel nacional durante los últimos años muestran que su capacidad para hacerse escuchar es muy superior que la de obtener votos en las urnas.

Si bien la acción de los actores en el debate ha sido muy relevante, las emociones asociadas al mismo lo son aún más. El hecho de que la economía crezca de forma sobresaliente —mas no así el optimismo general— influye en la posición que adopta la población en torno a la relación Estado-mercado. Aquellos que no se han visto beneficiados en términos relativos de este crecimiento —fundamentalmente quienes no tuvieron acceso a una educación de calidad valorada en el mercado laboral— buscan naturalmente un cambio de su actual posición, y este pasa por una mayor participación del Estado y la reducción de la libre dinámica propia del mercado. El debate puede dejar el tema ideológico tan de lado que, cuando el gobierno propuso cambiar las reglas e imponer un impuesto extraordinario a las ganancias mineras, el 89% de la población estuvo de acuerdo, según una encuesta realizada por Ipsos Apoyo. Pero el acto de ponerle límites a un mercado y ordenarlo puede tener aliados distintos según las circunstancias. En el caso de La Parada, el 91% del NSE A aprobó la mudanza a Santa Anita, mientras que el 69% del NSE E la rechazó (nuevamente la fuente es Ipsos Apoyo). En consecuencia, al no haber posiciones ideológicas frente al tema, el bien individual y las consideraciones personales de justicia terminan definiendo cada caso.

Resulta imposible pensar en alcanzar un progreso sostenido en el país si no se llega a una visión compartida y perdurable sobre la relación Estado-mercado. Si bien esta tiene distintos espacios, hay dos que resultan cruciales: la regulación y la participación del Estado en la actividad productiva por intermedio de empresas estatales.

 

LA SOCIEDAD REGULADA

Una sociedad que no asume ciertas regulaciones cuyo Estado no es capaz de hacer respetar, no tiene futuro. La ausencia de una adecuada regulación nos llevó a la actual crisis económica mundial, producto del actuar irresponsable y egoísta de la banca en los principales países desarrollados, encubierta bajo una autorregulación ausente. Un ejemplo menos sofisticado de la ausencia de regulación y sus consecuencias es el transporte público en Lima. El caos no es necesario detallarlo y su efecto sobre el manejo de los conductores en la ciudad es evidente.

En el Perú, la regulación, en vez de ser entendida como un elemento favorable en el desarrollo empresarial y social, es percibida como una herramienta de balance de poderes, lo que lleva en muchos casos a perder de vista el justo medio y la eficiencia social. Por el lado del gobierno, existe la impresión de que, entre las empresas, el único impulsor de todas las decisiones corporativas es la utilidad a fin de año. Por el lado empresarial, la sensación es que la actual gestión no está interesada en su desarrollo y que, finalmente, su accionar se caracterizará por la ineficiencia y la burocracia. De hecho, en el SAE de Apoyo Consultoría de setiembre pasado, solo el 29% de las más de 260 empresas asistentes consideraba que el gobierno promueve la inversión privada. El problema es que a estas desconfianzas mutuas se suma una mayor: la de la opinión pública. De acuerdo con una encuesta publicada por la PUCP, el 73% de los peruanos tiene poca o ninguna confianza en el gobierno.

La participación del Estado en el mercado debe encontrar en la regulación uno de sus principales elementos (el otro, que no es parte del tema de este artículo, es la provisión de servicios como seguridad, justicia, educación, salud y soporte social). Es indudable que el elemento más relevante en la generación de puestos de trabajo y el consiguiente progreso para la población es la inversión privada. Un Estado promotor de la misma se aboca a favorecer la operación de mercados eficientes —regulando las ineficiencias y asimetrías de poder, y favoreciendo siempre la competencia en beneficio del consumidor— y no confunde su rol promercado con aquel proempresa —que asume que estas siempre tienen la razón y esconde el principio de que el fin justifica los medios—.

El desarrollo del Perú no solo dependerá de contar con la regulación apropiada sino, sobre todo, de la capacidad del Estado de hacerla efectiva. Un país que apuesta por ser un proveedor de alimentos a nivel mundial no puede exponerse a crisis sanitarias generadas por un productor irresponsable. Un país que quiere hacer de la inclusión social no solo una frase, tiene que contar con espacios efectivos y justos de protección para el consumidor.

 

EL ESTADO EMPRESARIO

En sucesivos gobiernos, las empresas estatales han tenido las mismas características que el sueño de la casa propia; son como una suerte de reivindicación nacional que permite devolver a todos los peruanos algo arrebatado. Lo cierto es que estas tienen sus adeptos dentro y fuera del país. Según una encuesta nacional realizada por la PUCP, el 50% de los peruanos considera que existen actividades económicas que deberían estar en manos del Estado y no de la empresa privada. En otro sondeo, esta vez abarcando solo Lima, el 45% afirmaba que las privatizaciones realizadas por los distintos gobiernos han sido negativas o muy negativas. A esto se suma que, de acuerdo con una encuesta publicada por Latinobarómetro, solo el 33% de los peruanos está mucho más satisfecho o más satisfecho con los servicios públicos privatizados.

En el extranjero, las empresas estatales viven un renacer producto del empuje de las economías emergentes. En China, el 80% de la capitalización bursátil está compuesta por empresas estatales. En Brasil, el 38%. De otro lado, 28 de las 100 compañías más grandes en las economías emergentes son estatales. A lo anterior se suma que las diez principales empresas en el mundo, en términos de reservas de petróleo y gas, son estatales. Este capitalismo ha resurgido, en muchos casos, bajo una nueva versión, con empresas que listan en la bolsa y tienen como accionistas minoritarios a inversionistas privados.

Sin embargo, no todas las opiniones están de su lado. Según una encuesta realizada por Ipsos Apoyo, 77% de los peruanos considera que las empresas privadas trabajan con más eficiencia que las estatales y que, además, brindan un mejor servicio; 72% que pagan mejores sueldos, 68% que ofrecen mejores condiciones laborales e, incluso, 50% que apoyan más a la sociedad. De otro lado, 65% piensa que las empresas estatales tienen más burocracia y 72% que son más corruptas (lo que no sería una exclusividad nacional tras conocerse la reciente investigación de The New York Times según la cual la familia del primer ministro chino, Wen Jiabao, habría acumulado una fortuna superior a los US$2.700 millones durante los últimos años). A los ojos de la opinión pública, en lo único que serían mejor las empresas estatales es que son de todos los peruanos.

En un país como el Perú, la decisión de contar con empresas estatales es difícil de defender. Ya el Estado es socio de todas las empresas privadas (el impuesto a la renta es una suerte de dividendo garantizado y el éxito privado supone, automáticamente, mayores ingresos públicos), sin tener que asumir el riesgo que tiene cualquier emprendimiento empresarial. De otro lado, existen inmensas necesidades por cubrir en temas de educación, salud, seguridad y justicia que deberían constituirse en el destino natural de los limitados fondos públicos existentes. Entre que el Estado decida realizar un aporte de capital en una empresa o mejorar la educación pública en un distrito, dotar a una comisaría de los recursos necesarios o proveer servicios dignos de salud a una población alejada, debería sin duda primar lo último.

El Perú necesita más Estado. Necesita participar más (ningún caso de desarrollo económico se ha producido sin ello) y mejor. El año pasado, el gasto público como porcentaje del PBI fue equivalente a 38% en Brasil, 29% en Colombia y 23% en Chile. En Perú fue 14%, el más bajo en la región. En Estados Unidos es 40%. Esta mayor participación permitirá reducir, en parte, la conflictividad social —que encuentra un Estado ausente— y promoverá un desarrollo sostenible más allá del actual boom de los precios de las materias primas. Esta, además, deberá darse bajo un claro enfoque promercado y no proempresa; convertirse en un impulsor de la actividad privada y de la generación de puestos de trabajo, protegiendo a la vez a los trabajadores, los ciudadanos y el medio ambiente.

Existe la tarea pendiente de desarrollar ampliamente este debate. Hay que creer que podemos tener un Estado eficiente. Recién cuando nuestra sociedad tenga una visión común sobre dónde ubicarse frente a este tema, podremos hablar de una relación perdurable entre el Estado y el mercado.

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