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Los riesgos

Ezra Shabot

HERRAMIENTAS

 Todo cambio de gobierno implica riesgos desde el momento en que las cadenas de mando son sustituidas por otras personas con distintos intereses y capacidades y rompen una inercia que de una u otra forma había establecido un orden al que una sociedad se había acostumbrado. Cuando un gobierno saliente enfrenta una crisis económica o política, la esperanza se centra en la habilidad a veces considerada hasta mágica, de que los nuevos remedien de un momento para otro el desorden causado por los que se van y establezcan una realidad que supere el daño ocasionado por los gobernantes del pasado.

La democracia genera cada determinado tiempo esas expectativas como parte de su característica de movilidad temporal, que abre la posibilidad de cambios sin rupturas violentas ni venganzas propias de regímenes dictatoriales. La alternancia que produjo la llegada del panismo, no generó un conflicto político derivado de lo que se esperaba fuera el desmantelamiento del aparato político del PRI, lo que jamás sucedió. El choque de lo que se suponía sería la lucha del PAN por acabar con el corporativismo priista, no se produjo.

De hecho, el aparato político-burocrático de gobernadores y centrales sindicales se volvió funcional a las administraciones blanquiazules. Las resistencias de estas instancias fueron determinantes para detener las grandes reformas que el país necesitaba, y sin embargo, ni Fox ni Calderón quisieron o pudieron afectar estos poderosos intereses. El retorno del PRI a la Presidencia de la República fue interpretado por panistas, perredistas y sectores de académicos e intelectuales como un retroceso en la democratización del país, en la medida en que se partía del principio según el cual un PRI de regreso en Los Pinos era equivalente a la revivificación del régimen autoritario de antaño.

Más allá de las promesas de Peña Nieto y sus allegados en el sentido de que el nuevo gobierno no será una nueva versión del pasado, el problema radica en la existencia real de grupos corporativos y poderes extralegales que esperan con ansias el momento de acceder al poder y tener acceso a prebendas, privilegios y protección propios de la prepotencia del priismo en sus épocas de gloria. El riesgo de que funcionarios de todo tipo se sientan con la carta de legitimidad para enriquecerse a costas del erario público, o hacer de la prepotencia política una constante que humilla y ofende a los ciudadanos, es un temor real existente en la debilitada memoria histórica de los mexicanos.

Por ello es fundamental no sólo la consolidación de la llamada Comisión Nacional Anticorrupción como órgano autónomo y ciudadano capaz de supervisar a funcionarios públicos y ciudadanos en general, sino también la continuación de la política de reducción de trámites en las administraciones públicas federal y estatal. Es cierto que siempre habrá quien pueda burlar los controles establecidos, pero cuando la propia institucionalidad crea candados eficientes para reducir al mínimo la presencia de burocracias corruptibles, entonces el fenómeno se vuelve perceptible a los ojos de la ciudadanía.

Cambiar las formas para después modificar a profundidad el fondo, sería una buena señal destinada a romper con el prejuicio fundado de que el retorno del PRI al poder es sinónimo de autoritarismo y corrupción. Es más, el gobierno de Peña deberá ser más exigente en este tema que cualquier otra administración panista o perredista, pues los ojos y oídos de los medios de información estarán al pendiente de cualquier acto de corrupción de algún funcionario para explotarlo como parte del retorno del pasado corrupto del priismo.

En esta línea de acción la parte más complicada será la de adentrarse en el desmantelamiento del viejo aparato corporativo priista, para demostrar que sí existe la voluntad de transformar lo que quedó vivo del viejo régimen. En este sentido los riesgos que corre el próximo presidente son enormes. Se trata primero de demostrar a su propia clase política, que las reglas del juego han cambiado y que ya no pueden hacer negocios al amparo del poder, al menos no impunemente.

Además habrá que someter a dirigencias sindicales y gobernadores entre otros, para que acepten reglas de transparencia y competencia económica que les reducirán el poder que hoy poseen y que estorba significativamente el desarrollo del país. Los riesgos de llevarlo a cabo son enormes, pero el beneficio será inmenso para la mayoría de los mexicanos.

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