/::
               
      

Derechos humanos en riesgo

Reformas al sistema de la OEA pueden limitar protecciones.

Carlos Lauría

HERRAMIENTAS

 A través de su historia, el sistema interamericano de derechos humanos ha representado la última línea defensiva de protección para los ciudadanos cuyos derechos humanos fueron sometidos a violaciones en el hemisferio occidental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1959, tiene su sede en Washington y está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la asamblea general  a partir de listas propuestas por los gobiernos que integran la OEA.

Junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en Costa Rica luego de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1979, tienen la misión de proteger y promover estos derechos a nivel hemisférico. El sistema regional para la protección de derechos humanos, considerado un ejemplo en el mundo, ha promovido principios democráticos como el debido proceso, el hábeas corpus, la separación de poderes y la libertad de expresión. La Comisión Interamericana cumplió un papel clave en la denuncia pública y documentación de derechos humanos durante la época en donde la región estuvo sometida a regímenes de facto.

Con la democratización regional, el sistema interamericano de derechos humanos se ha ido adaptando para abordar temáticas relacionadas con el legado de las dictaduras y su impacto en las instituciones democráticas. Se estableció el marco para incorporar principios ligados al derecho a la justicia y a la verdad y reparaciones por abusos masivos a los derechos humanos. Al mismo tiempo, se impusieron límites a las leyes de amnistía y se erigieron los cimientos para la protección de la libertad de expresión y la prohibición de la censura. En los últimos años, la Comisión ha adoptado una agenda más ambiciosa que incluye la defensa de los derechos indígenas, de la comunidad gay y lesbiana, al tiempo que abordó temas relacionados con la exclusión social, el deterioro y la ineficiencia de las instituciones en los estados democráticos.    

En la actualidad, el modelo se encuentra sometido a la presión directa de un grupo de países, liderado por Venezuela y Ecuador, que con el supuesto de fortalecer la defensa de derechos humanos buscan por el contrario debilitarla. Venezuela anunció en forma reciente su salida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Contrariados por decisiones del sistema que han puesto bajo la lupa problemas de institucionalidad y libertad de expresión, estas dos naciones, junto a otros integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, más conocida como ALBA, han propuesto una serie de reformas que de ser aprobadas tal como pretenden podría significar un duro golpe contra el sistema.

Durante la asamblea general realizada en Cochabamba, Bolivia, se adoptaron una serie de recomendaciones con el fin de imposibilitar que la Comisión y su relatoría para la libertad de expresión publiquen su informe sobre libertad de expresión; limitar al máximo la posibilidad de que la relatoría pueda obtener financiamiento independiente, además de establecer un nuevo código de conducta para aumentar el control de los gobiernos.

El problema, según defensores de los derechos humanos, no es tanto la avanzada del ALBA sino la actitud que han adoptado países que pretenden asumir una influencia global, como es el caso de Brasil. Disgustado por una decisión de la Comisión en el caso de la empresa hidroeléctrica Belo Monte, que recomendó parar las obras hasta consultar a las poblaciones indígenas sobre el impacto ambiental de la represa, el gobierno de la presidenta Rousseff retiró a su embajador de la OEA y congeló fondos. Desde entonces, sólo ha dado apoyo retórico, y en la práctica ha permitido que los países enemistados con la Comisión arremetan casi a voluntad.

El desmantelamiento del modelo puede representar un duro golpe contra miles de personas en la región. Algunos sostienen que su debilitamiento implicará que los ciudadanos tendrán acceso a menos mecanismos de protección y serán más vulnerables frente a eventuales abusos. La autonomía y la independencia del sistema, que en algún momento se pensó inexpugnable, están ahora en juego.

COMENTE ESTE ARTICULO

Nombre
Email
Comentario
   
Sea el primero en Comentar este Artículo!