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¿Dónde está la prevención?

Lucía Dammert

HERRAMIENTAS

 El incremento de la presencia del crimen organizado en México es un hecho que acapara la atención mundial. Día a día las noticias informan de sucesos de alta violencia, así como los conflictos entre carteles, y  contra instituciones gubernamentales. Se han puesto todos los esfuerzos para intentar combatir a la industria de la droga mediante múltiples iniciativas, especialmente vinculadas con el control y la represión. Las voces de descontento respecto de esta estrategia son múltiples y ponen énfasis en las consecuencias de muerte y violencia en diversas partes del país que se han convertido en verdaderos espacios de batalla.

Hay un proceso paralelo que ha tomado rasgos de mayor invisibilidad pero especial relevancia, vinculado al incremento del uso de la violencia en hechos cotidianos y a la importancia de los delitos callejeros. Estos últimos, vinculados o no al tráfico de drogas, se reconocen porque sus principales víctimas son ciudadanos, tanto en los espacios públicos como privados. La llamada seguridad ciudadana emerge como problema, pero queda relegada a un segundo plano de preocupación del gobierno nacional como de los estatales y locales.

No se puede negar que hay avances en el reconocimiento de la importancia de una mirada integral y multidimensional  de los problemas de violencia y criminalidad. El involucramiento de nuevos actores y la responsabilidad frente a sus raíces y consecuencias ha abierto un espacio para un debate sobre las mejores formas de combatirlo.  Así, es innegable que la prevención tiene hoy un lugar ganado en la retórica de la política pública.

Lamentablemente, la teoría está lejos de la práctica. Las ampliamente citadas buenas prácticas locales en prevención del delito no han sido evaluadas en detalle como para poder determinar los elementos que han sido disparadores de un decrecimiento delincuencial (incluso en los casos reconocidos como Bogotá y Medellín, en Colombia). Sin embargo, muestran evidencia sobre la necesidad de reconfigurar un papel clave del gobierno local como articulador de medidas preventivas (comunitaria, social y situacional). Las buenas prácticas reconocidas en el país y en América Latina no dejan de ser iniciativas muchas veces esporádicas, episódicas y con un impacto más bien limitado. Pero esto no desmerece su accionar, por el contrario, se propone avanzar con una agenda sólida de trabajo con la comunidad para el desarrollo de medidas de largo aliento, mayor cobertura y claro efecto.

El análisis de estas prácticas muestra que las orientaciones temáticas y programáticas están bastante claras, pero las capacidades de gestión son una barrera en algunos casos insuperable para su buena implementación. No estamos hablando de un problema de financiamiento. El énfasis entonces es evidente en la necesidad de dotar con mayores capacidades técnicas y apoyo sostenido a las iniciativas que se consideran claves para avanzar en la prevención.

El mayor escollo en la búsqueda de una agenda sólida de políticas públicas a nivel local y nacional de seguridad es su banalización. Paradójicamente, el papel de los medios de comunicación, así como del debate electoral en los temas de seguridad alejan la discusión seria y técnica sobre la temática, e instalan agendas de supuesta rapidez, culpabilidad e inmediatez que poco aportan en la cuestión.  Así se abre una brecha entre las expectativas de resolución inmediata de los problemas y la necesidad de mediano o largo plazo para conseguir resultados.

En México se torna urgente la generación de una política nacional de prevención del delito, que más allá de generar fondos para proyectos específicos, reconozca las raíces del problema vinculadas con la consolidación de la violencia como forma de resolver conflictos, y la criminalidad como manera de sobrevivencia cotidiana. Sin este plan, la guerra contra el crimen organizado no puede ser efectiva. El gobierno tiene en sus manos un desafío clave, pero irrenunciable para asegurar la seguridad y calidad de vida de los mexicanos.

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