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Los retos de Álvarez Icaza

Según el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México es el tercer país con más denuncias en la región.

Por Dolia Estévez, Washington, D.C.
EDDIE ARROSSI

de quien venga. La Comisión presidida por Álvarez Icaza tendrá que enfrentar las acusaciones de parcialidad de los gobiernos venezolano, ecuatoriano y nicaragüense.

HERRAMIENTAS

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos finalmente mira hacia México y reconoce, por primera vez en 53 años de vida, a un mexicano para dirigir sus destinos. En julio pasado, Emilio Álvarez Icaza, sociólogo y profesor universitario de reconocido prestigio, con una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, fue seleccionado secretario ejecutivo de la CIDH por un periodo de cuatro años. Hasta ese momento, Álvarez Icaza era una de las caras más visibles del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México que, al clamor de “¡Estamos hasta la madre!”, fundó el poeta Javier Sicilia en respuesta al brutal asesinato de su hijo, Juan Francisco, en  marzo de 2011. 

Para muchos observadores, la designación de Álvarez no sólo es emblemática por la crisis de derechos humanos que vive México debido a la violencia, sino también porque representa el reconocimiento de la comunidad interamericana a la larga lucha de la sociedad mexicana por colocar el tema en el centro de la agenda nacional. Según Sergio Aguayo, “en México los derechos humanos eran vistos como un instrumento del  imperialismo, pero la unidad de las víctimas y el trabajo de académicos, periodistas y funcionarios fueron cambiando los paradigmas culturales”.

 El reconocimiento de los derechos humanos y civiles en México atravesó por dolorosas tragedias como la masacre estudiantil de 1968, el terremoto de 1985 y las elecciones fraudulentas de 1988, sin subestimar las pugnas electorales en el norte del país y la represión militar en Guerrero.

Álvarez Icaza toma las riendas de la CIDH en momentos en que el organismo enfrenta dos grandes retos: un proceso de reforma interna que podría restarle atribuciones e intentos por debilitarla de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua que la tachan de supeditación a los “intereses imperiales”. Álvarez recibió a PODER en sus oficinas en el quinto piso de la sede de la OEA en esta capital.

Para México es un honor que después de 53 años de vida de la CIDH, un mexicano finalmente ocupe la secretaría ejecutiva. ¿A qué se debió la tardanza?

No es causal y no es mi persona. Yo creo que es el reflejo de un crecimiento del país en la agenda de derechos humanos y de un proceso político en México de maduración, de institucionalización y de crecimiento en términos de capacidades del país y también es reflejo de un contexto muy difícil.

¿Se refiere al contexto de violencia actual?

Actual y en el pasado. En un momento, la CIDH tuvo una enorme presencia de argentinos. Fue reflejo de lo que vivió Argentina, fue producto de esa tragedia. Cuando se dice que las organizaciones de la sociedad civil o las instituciones nacionales son un reflejo de maduración, también son una respuesta a tragedias o a contextos muy críticos. México ha tenido esas dos caras. Hay que verlo holísticamente.

¿Hasta qué punto su nombramiento es una respuesta de la CDHI a la violencia e inseguridad que azotan a México?

No necesariamente es una respuesta de la CIDH al contexto mexicano, pero sin duda es un contexto que está, que juega y que se valora. Al final, de los 111 candidatos que participaron en el concurso, la CIDH valoró sobre cinco y me parece que la valoración tuvo más un carácter interno de lo que la comisión necesitaba acorde al momento, que un mensaje respecto a un país en particular. No se puede olvidar que hay un contexto, pero no me parece que ése haya sido el factor principal.

¿Cuáles son los desafíos principales que va enfrentar como secretario ejecutivo?

Yo lo pondría entre dimensiones. Hay uno que tiene que ver con el proceso de reforma que está en marcha y ahí lo que le toca al secretario ejecutivo es atender las necesidades de los siete comisionados. Hay una segunda agenda, que es la agenda de la gestión cotidiana que tiene que ver con los casos y las medidas cautelares. En los últimos años, la CIDH está teniendo un proceso de crecimiento sostenido en las solicitudes de casos que tiene dos maneras de verse. Una, que hay un contexto de mayor libertad para presentar denuncias y hay un mayor conocimiento del sistema. Y otra tiene que ver con el termómetro de la conflictividad de los países que buscan en las instancias internacionales un eco. Estamos teniendo más casos que nunca.

¿Eso obedece a que hay más violaciones a los derechos humanos?

No creo que haya más violaciones. Estamos en un avance de civilidad democrática. Eso no significa que no haya violaciones, pero respecto a otros tiempos de golpes de Estado y de Estado de sitio, negación de derechos y regímenes autoritarios, me parece que no es el contexto actual.

¿El número de denuncias ante la CIDH es reflejo de la disfuncionalidad de los sistemas jurídicos de los Estados?

No necesariamente. En los últimos cinco años, Estados Unidos es uno de los cinco más denunciados. El año pasado, el segundo país con más medidas cautelares fue Estados Unidos.

¿Que tipo de denuncias hay contra Estados Unidos?

Tienen que ver con la pena de muerte, abusos policiacos, de violencia, de inmigrantes o discriminación.

 ¿Y contra México?

En el caso de México sí tienen que ver con una falla estructural en el sistema de justicia, con el debido proceso, con la presencia de las fuerzas armadas en las calles, con el abuso de autoridad y también con el tema de reclusorios en materia de negación de derechos. Hay casos particulares que reflejan problemáticas hacia las comunidades indígenas o casos que tienen que ver con el debido proceso. México es uno de los cinco países que más denuncias recibe.

¿Cuáles son los cinco países con  más denuncias?

Colombia, Brasil, México, Estados Unidos y Argentina. Este año puede darse el caso de que pase un fenómeno muy peculiar. El año pasado hubo una gran atención por las medidas cautelares que dictó la Comisión contra la presa de Belo Monte en Brasil, una hidroeléctrica que la CIDH consideró tendría que detenerse en su obra porque afectaba a unos pueblos indígenas y los derechos ambientales. El gobierno de Brasil no acompañó esas medidas e inclusive generó una distancia. Retiró a su embajador y suspendió los aportes económicos a la OEA. Yo tengo la hipótesis de que el gran debate que generó le dio mayor publicidad y este año puede ser que Brasil sea el país con más denuncias, desplazando a Colombia.

¿Las denuncias de México han aumentado?

Sí, México está entre los tres primeros.

¿En qué estatus se halla la denuncia de la masacre de Acteal de 1997?

Es un caso que está todavía activo. Tiene dos vertientes. Un fenómeno de justicia transicional, que tiene vista atrás a un régimen anterior, y un fenómeno que tiene que ver con el debido proceso y con comunidades indígenas. Ha sido muy debatido y, en el pasado reciente, más.

¿Cómo puede incidir la decisión del gobierno de Barack Obama de darle inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo en la acusación que presentaron en su contra presuntas víctimas de Acteal en una corte en Connecticut?

Fue algo paralelo. El litigio penal que se puede generar en un país tiene efectos para ese país, pero en el ámbito internacional de derechos humanos hay otra lógica, porque hay otros instrumentos que aplican. La comunidad internacional ha construido mecanismos y tribunales ad hoc en dramáticas situaciones de genocidio y de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional es una expresión de los acuerdos de la comunidad internacional para construir mecanismos para juzgar a ex mandatarios por este tipo de violaciones de lesa humanidad. Eso es contrario a lo que se decidió en Connecticut.

¿La inmunidad a ex jefes de Estado contradice el derecho internacional?

La inmunidad es criterio contrario. 

¿Son entonces las instancias internacionales las más aptas para abordar denuncias contra ex mandatarios?

Debe haber una complementariedad entre las instancias nacionales y las instancias internacionales. En las instancias nacionales, no sólo en México sino en cualquier lugar, se obedece al reflejo de las fuerzas políticas de los países y hay un fenómeno de pesos y contrapesos local, por eso la tendencia es que haya una condición de revisión a nivel internacional, porque en los países no siempre se dan las condiciones para la revisión de las actuaciones de los mandatarios.

Al pedir inmunidad para Zedillo, la Cancillería argumentó que enjuiciar a un ex presidente por presuntos actos cometidos en México en tribunales de Estados Unidos vulnera la soberanía nacional. ¿Es un argumento válido?

Un juicio entre países es un caso distinto a las instancias internacionales. La hipótesis que está defendiendo la cancillería tiene que ver probablemente con la extraterritorialidad de un país sobre nosotros. Eso es distinto a lo que sucede en un organismo internacional, porque en ese organismo internacional el país se autosomete a la competencia de esa instancia. Por ejemplo, México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México se somete soberanamente a la Corte, pero no necesariamente está dispuesta a autosometerse a un tribunal de Estados Unidos.

¿Es justificable la inquietud de organizaciones defensoras de los derechos humanos en cuanto a que las reformas a la CIDH que concluirán en 2013 van a debilitarla?

Espero que no sea el caso. Puedo convenir que hay que revisar prácticas, que hay necesidad eventualmente de hacer nuevas agendas en términos de políticas públicas y de generar capacidades en los Estados. También creo que es conveniente revisar el sistema interamericano de manera holística porque se habla de la Corte y de la Comisión, pero eso funciona porque los Estados son parte, entonces parte del fortalecimiento tiene que ver con cómo los gobiernos cumplen medidas cautelares, los informe, las recomendaciones y las sentencias.

No se cumplen porque las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes.

No son vinculantes en tanto cuanto una sentencia. Son vinculantes en tanto cuanto hay un autocompromiso de los Estados de atenderlas. No son obligatorias, pero hay un principio ético de obligatoriedad en su atención.

¿Qué efectos tiene  la escasez de recursos presupuestarios en el funcionamiento de la CIDH?

La CIDH tiene una condición donde no tiene ni siquiera un abogado por Estado miembro. Hay tal debilidad presupuestal que una tercera parte de su presupuesto depende de países no miembros. Tenemos un dilema: unos Estados miembros con un discurso muy agresivo sobre soberanía, pero a la hora de las contribuciones no tienen problema de que Estados Unidos y Canadá den más. Son críticos en el desarrollo del propio sistema pero son muy laxos en la permisividad del financiamiento de los organismos. Hay esta dicotomía de Estados miembros con un discurso muy agresivo pero con un presupuesto muy exiguo. A mí me parece que es inadmisible que un sistema no se mantenga por sus Estados miembros. La CIDH recibe el 6% del presupuesto de la OEA. Los presupuestos demuestran las prioridades. Para los Estados miembros el tema de derechos humanos tiene una prioridad del 6 %. 

El secretario general de la OEA, José María Insulza ha abogado por darle mayor certeza jurídica a la CIDH. ¿Coincide?

No sólo es el tema de la certeza jurídica.  Las sentencias de la Corte no son necesariamente un elemento de ausencia de certeza jurídica, y aún así 80% de las sentencias no se han cumplido.

¿Por qué no hay consecuencias?

No más allá del señalamiento de los foros internacionales. Ésa es la discusión. Este tipo de institución es una especie de magistratura moral y eso funciona cuando hay el compromiso de cumplir. El sistema funciona porque es un mecanismo más de la protección de los derechos de las personas y en ocasiones es la última instancia. Por eso es valioso.

¿Se justifica la percepción de que la CIDH no tiene efectos sobre la realidad porque sus recomendaciones no son vinculantes? 

Me parece una exageración decir que la Comisión no tiene impacto. Hay casos –los informes de Argentina, Guatemala y Perú en su momento– que han tenido un impacto estructural en los países. Hay quien espera de la Comisión una acción inmediata y una consecuencia de A + B, luego C. Así no funciona. Las instancias internacionales, en particular la interamericana, tienen más un efecto a partir de casos particulares en condiciones estructurales. Sirven para acelerar los procesos en nuestros países. Trabajar en derechos humanos requiere mucha tolerancia a la frustración, no sólo porque su materia prima a veces es el dolor de otros, sino porque el resultante tiene que ser más de exigencia y de más justicia.

¿Qué opina de la decisión de Sicilia de retirarse del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad?

A Javier lo quiero entrañablemente. Me enteré de su decisión por los periódicos. Lo vi en Baltimore cuando llegó la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad en septiembre. Tuvimos un encuentro muy bonito. Me parece que es una señal de que Javier quiere vivir su propio duelo en otras condiciones. Su hija dejó el país. Su nieto está fuera del país. Por temor. Y él quiere reencontrarse en términos personales. Me parece que Javier no ha tenido condición para vivir su propio duelo y creo que no se le puede negar eso.

¿Qué pasará con el movimiento?

Yo espero que se den las condiciones para nuevos liderazgos. Las agendas son urgentes.

¿Muere?

No, no muere. Hay mucha exigencia, mucho dolor y mucha fuerza. Se ha personalizado por la figura de Javier, pero reducir el movimiento a Javier no sólo es indebido, es no asumir que los procesos van mucho más allá de las personas. En México ya se abrió una agenda sobre las víctimas, con o sin Javier Sicilia, con o sin Emilio Álvarez Icaza. Es irreversible. Lo impresionante de las víctimas que perdieron hijos es que están luchando no sólo por ellas  sino para que esto, que ellas están viviendo, no les pase a otros. Ante tal dolor es un acto de tal generosidad y de amor que tiene fuerza. Javier en algún momento fue depositario de los dolores de México. Cuando recorrimos la caravana en el sur y en el norte, lloramos como nunca.

¿Qué le dice a los críticos de la caravana de que viene a Estados Unidos para denunciar al gobierno de Barack Obama por la cuestión de las armas y el consumo, cuando México jamás toleraría que ciudadanos estadounidenses fueran a denunciar al gobierno de Felipe Calderón por X o Z?

Why not? ¿Por qué no? No sólo se vino a poner en la agenda lo que hace el gobierno, se vino a hablar con la sociedad y con el pueblo, se vino a concientizar y a construir una agenda de sociedad-sociedad. La cooperación no sólo es de los gobiernos ni de los intelectuales ni de los lobbistas, ni de aquellos que se consideran dueños de la agenda. Resulta que también la gente tiene voz.

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