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El nuevo congreso

Ezra Shabot

HERRAMIENTAS

 La conformación del nuevo Congreso reproduce una vez más la intención del electorado mexicano de no conformar mayorías parlamentarias en favor de Presidente alguno, para obligarlo a una negociación que hasta ahora ha sido fallida. Ni Zedillo, ni Fox ni Calderón pudieron armar las coaliciones necesarias para impulsar las reformas que hubiesen querido, ya sea por su propia incapacidad política, o como consecuencia de oposiciones que pensaron más en el posible futuro en el poder, que en las necesidades inmediatas del país.

Con una clase política poco dispuesta a sacrificar intereses de partido  por el bienestar general, el Presidente saliente Felipe Calderón tendrá tres meses para conseguir reformas que podrían ser cargadas a la siguiente administración, o específicamente al PRI, partido mayoritario en el Congreso, sin que esto esté necesariamente relacionado con algún proceso electoral. Es cierto que la reforma laboral, entre otras, pudo haber salido en meses anteriores, pero la necesidad de garantizar un triunfo priista la canceló por considerar que este eventual éxito pudiese haber sido capitalizado por los panistas.

Más allá de venganzas y ajustes de cuentas, el periodo de tres meses previo a la toma de posesión de Peña Nieto puede representar el momento de un nuevo pacto entre panistas y priistas, basado en el impulso a un proyecto común de país que se da entre sectores amplios del PRI y del PAN, con la intención de modificar la estructura económica y las propias relaciones de poder. Este periodo puede generar una negociación de muchas bandas. Una, entre el Presidente entrante y el saliente. Otra, entre los liderazgos políticos de los partidos azules y los tricolores, y una más a nivel Congreso, entre fracciones parlamentarias dispuestas a compartir los riesgos de un proyecto de cambio que a corto plazo puede ser enormemente impopular con aumentos de impuestos, pero a mediano  plazo generar un crecimiento de al menos  5% anual.

Para la izquierda es éste también un momento de definición en la medida en que su lucha interna la obliga a definirse en uno u otro sentido. Podría repetir el escenario de hace seis años llevando su protesta electoral al máximo hasta el 1 de diciembre, con el riesgo de volver a generar la misma imagen de intolerancia y peligro que provocó su derrumbe nuevamente. Otra opción sería la de incorporarse de lleno a la negociación sobre el futuro inmediato del país, no sólo en lo referente a las cuotas de poder dentro del Congreso, sino a partir de las reformas que pudiesen demostrar que una izquierda moderna es capaz de proponer opciones que concilien responsabilidad económica, con crecimiento y redistribución del ingreso.

En estos escenarios hay demasiadas manos e intereses contrapuestos difíciles de coordinar y conciliar. Los liderazgos partidarios, los parlamentarios, y los estrictamente dependientes del Ejecutivo saliente y entrante, necesitan una cabeza que guíe los pasos en esta transición para poder darle sentido a posiciones opuestas con posibilidades de encontrar puntos en común. Es esta una decisión fundamental que Calderón y Peña Nieto tienen que tomar al designar a sus respectivos coordinadores de la transición. Se antoja atractivo poder imaginar a Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, y a Luis Videgaray,  brazo operativo  de Peña, sentados en una mesa armando no sólo el plan de entrega-recepción de la administración pública, sino también la estrategia a seguir para un acuerdo más extenso.

Se trataría del plan para un Congreso que pudiese arrancar en este mes con reformas que abrirían el paso a la modernización profunda del país. Algo así como un vuelco económico-político que les diese a priistas y panistas argumentos válidos para justificar la alianza entre adversarios en aras de un proyecto superior de beneficio nacional. Suena a un cuento de hadas con un  final feliz en un momento en donde los cuchillos electorales apenas empiezan a guardarse. Sin embargo, si la lógica racional de dos políticos pragmáticos como Calderón y Peña consigue imponerse sobre la mirada cortoplacista de una clase política miope y egoísta, la posibilidad de ver cambios en la forma de resolver problemas de fondo podría producirse para sorpresa de todos.

Calderón y Peña pueden ser dos políticos que civilizadamente terminan e inician un nuevo sexenio, o convertirse en estadistas que antes que cualquier cosa se la juegan por un México mejor.

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