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Acuña mete la uña: El alcalde de Trujillo consolida un modelo de corrupción municipal

Esta investigación, elaborada para PODER y el portal LaMula.pe por la agencia INFOS, demuestra el uso irregular de subsidios municipales por parte del líder de Alianza para el Progreso con el fin de obtener apoyo político en la segunda ciudad más importante del país. Los pormenores son sorprendentes y serán por buen tiempo motivo de estudio del Ministerio Público y los sistemas de control estatal, audazmente vulnerados. Todas las informaciones están documentadas.

Por Christopher Acosta / INFOS
Foto: Perú 21 / Rafael Cornejo

HERRAMIENTAS

Yo no pedí la plata. Me la ofrecieron. Me hicieron firmar y luego me afiliaron al partido del alcalde –dice a INFOS Juana López Mallqui, del sector Buenos Aires, en la periferia de Trujillo, narrando cómo recibió un subsidio de S/.1.000, autorizado a dos semanas de las elecciones municipales del 3 de octubre del 2010.

López es el botón de muestra de un sistema de desvío de fondos públicos establecido por el alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, para financiar su base de apoyo político, mediante subsidios que autoriza para militantes de su partido y la celebración de múltiples fiestas para los sindicatos de la comuna, entre otras modalidades. Aunque el burgomaestre no se benefició personalmente con las operaciones, estas lo habrían hecho incurrir en los delitos de peculado y malversación de fondos, de acuerdo con opiniones jurídicas recogidas para esta investigación.

Durante más de un año, INFOS revisó un millar de documentos y entrevistó a más de treinta personas, comprobando cómo el burgomaestre e incipiente candidato presidencial, dispuso y dispone de una partida especial proveniente de las cuentas del municipio, de la que, a sola firma, destina recursos públicos a fines ajenos a la misión municipal.

El desvío de fondos benefició la campaña reeleccionista de Acuña a la alcaldía en el 2010. Decenas de militantes de Alianza para el Progreso (APP), su partido, recibieron cientos de miles de soles que solicitaron a una partida de ‘subvenciones sociales’ del gobierno local. También con dinero público, el municipio financió irregularmente hasta treinta fiestas de los trabajadores ediles. Tres millones de soles, un poco más de la tercera parte de los fondos entregados de esta partida durante la primera gestión de Acuña, no fueron justificados por los beneficiarios.

Así, la llegada de Acuña a la Municipalidad Provincial de Trujillo en el 2007 no solo rompió con el histórico predominio aprista en La Libertad, sino que significó, progresivamente, la consolidación de un inédito modelo de proselitismo basado en acuerdos de Concejo, resoluciones de alcaldía y otras directivas internas, todo armonizado para burlar el sistema de gasto y control del presupuesto público del Estado.

 

EL MODELO

En los enrevesados presupuestos públicos municipales y regionales existe una humilde partida denominada ‘subvenciones’. Esta permite a las municipalidades destinar dinero a instituciones benéficas, sociales o culturales, recursos que -por la naturaleza de sus funciones- estas instituciones no logran captar del sector privado. Mediante las subvenciones una municipalidad hace que otros provean los servicios que ella no brinda.

La Municipalidad de Puno, por ejemplo, dota anualmente con dinero de esta partida a la Compañía de Bomberos. La Municipalidad de Sullana destina recursos para el asilo de ancianos. La Municipalidad de Miraflores aprobó hace unos años una subvención para la asociación de vecinos afectados por el atentado de Tarata de 1992.

En el caso de Trujillo, esta partida, de S/.600 mil anuales en promedio hasta la gestión municipal anterior, fue fortalecida durante los primeros cuatro años de César Acuña como alcalde, hasta llegar a incrementarse en 500% en el 2010. Ese año superó los S/.3 millones. Hasta aquí, ninguna irregularidad.

El artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto regula la planificación y administración de las subvenciones en los presupuestos anuales de gobiernos regionales, municipalidades e incluso en el Consejo de Ministros. Un requisito es que los fondos provengan de recursos directamente recaudados por la institución pública, lo cual nunca representó un problema para Acuña. Pero otra condición obliga a que las subvenciones sean aprobadas por el ‘Acuerdo respectivo’. Para este caso, por Acuerdo de Concejo Municipal, integrado por regidores oficialistas y de oposición.

El 5 de marzo del 2008, el Concejo Municipal de Trujillo, a través del Acuerdo de Concejo 051-08, resolvió: “Otorgar al señor alcalde la facultad de disponer de los fondos presupuestados para otorgar subvenciones de apoyo social”. Y lo que parecía haber sido una repentina cuestión de confianza, se convirtió en una política: desde entonces, durante los primeros meses de los últimos cinco años, acuerdos de Concejo con el mismo tenor han terminado “autorizando al señor alcalde la disposición discrecional administrativa de los montos asignados a atender subvenciones sociales”. Ello, luego de incrementar año a año el monto de la partida.

APP, el partido del que Acuña es líder y dueño, ha tenido mayoría en el Concejo Municipal durante sus dos periodos. Esto facilitó la aprobación de los polémicos acuerdos, siempre a solicitud de los regidores oficialistas Gloria Montenegro y Pablo Penagos. Lo sorprendente es que la mayoría de estas autorizaciones fueron concedidas por ‘unanimidad’. Así, el Concejo Municipal le renovó año a año un cheque en blanco al alcalde trujillano, inhibiéndose de su función fiscalizadora.

Sin embargo, Luis Santa María, regidor por el Apra, e integrante de la oposición en el Concejo Municipal de Trujillo, dijo para esta nota que el Concejo sí aprueba algunas de las subvenciones. “Nosotros avalamos a instituciones de amplia y conocida trayectoria como la Compañía de Bomberos, la Orquesta Sinfónica o el Asilo de Ancianos, aunque reconozco que, de buena fe, delegamos en el alcalde la decisión de invertir el resto de la partida, por un tema de celeridad. Lo que ocurra con ese dinero es de su responsabilidad”.

César Acuña, en suma, tiene la última palabra sobre a quién se destinan los recursos de la partida, los mismos que su gestión ha denominado ‘subvenciones sociales’.

 

PLATA PARA TODOS

Con el respaldo ‘legal’ otorgado por el Concejo Municipal bajo el brazo, a la gestión Acuña solo le faltaba un pequeño paso para que se inicie en Trujillo la más insólita repartición de subsidios sociales de los últimos años.

Siempre en el 2008, año clave para la implementación de este esquema de desvío de recursos, el Decreto de Alcaldía N° 031-08 aprobó la directiva ‘Procedimientos para la emisión y control de las subvenciones sociales en la Municipalidad Provincial de Trujillo’, que norma la solicitud y rendición de cuentas de los dineros a entregarse. Con ella, Acuña terminó por abrir el caño. Pues además de las instituciones o entidades no públicas como potenciales beneficiarias, podrían también recibir dinero personas naturales, con necesidades disímiles. El decreto contraviene abiertamente las directivas del MEF, el cual solo menciona a ‘personas jurídicas no públicas’ como beneficiarias de una subvención.

La noticia no demoró en extenderse entre los barrios periféricos y menos favorecidos de la ciudad. Al municipio comenzaron a llegar solicitudes de subvención por enfermedad, pobreza o desastre, todas de zonas que representan un significativo bolsón electoral para APP. Pero cuando el dinero empezó a ser entregado, APP no solo se benefició con los réditos políticos de esta iniciativa. Además, algunas de las más altas sumas de dinero entregadas por la municipalidad fueron a parar a manos de afiliados al partido del alcalde (ver tabla Afiliados a APP beneficiados con subvenciones sociales).

¿Cuál fue el criterio técnico para la distribución del dinero de la partida? Hay un patrón que parece repetirse: mientras que las personas no afiliadas al partido del alcalde contaban con las subvenciones por centenares de soles, los afiliados al partido lo hacían por miles. Varios de los afiliados a APP incluso recibieron fondos más de una vez, y por diferentes motivos. Por ejemplo, Perpetua Elena Jaico Paredes, Mayer Adamir Cabrera Guevara y Jeannette Flores Gutiérrez obtuvieron adicionalmente el año pasado S/.12.840, los dos primeros, y S/.25.680, la última, para la compra de aulas prefabricadas.

Con el objetivo de canalizar tanto las subvenciones sociales que iban a atender las ‘necesidades’ de los afiliados al partido, como las de fiables instituciones que reciben el beneficio desde la larga gestión aprista anterior (Compañía de Bomberos, Asilo de Ancianos, Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, etc.), la Municipalidad Provincial de Trujillo apostó por fortalecer su Gerencia de Desarrollo Social.

Liderada por la licenciada Tania Baca Romero, esta gerencia se convirtió en la principal maquinaria política de César Acuña, quien para entonces, 2009, ya hablaba de su reelección. Un alto funcionario de esa municipalidad dijo para este informe: “No se imagina el poder que ha acumulado la Gerencia de Desarrollo Social, al punto de presionar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, cada vez por más recursos”.

 

CAMPAÑA PROPIA, DINERO AJENO

El 30 de junio del 2010 y, sobre un tabladillo con los colores de APP instalado en la Plaza de Armas de Trujillo, el alcalde César Acuña, rodeado de decenas de madres de familia, representantes de comedores populares de 11 distritos de la ciudad, hizo un importante anuncio: cada una de ellas recibiría cheques de entre S/.1.000 y S/.3.000 para mejorar las instalaciones de las organizaciones que lideran. Los aplausos estallaron. Tania Baca, responsable de que esas mujeres estuvieran allí, se animó a cantar: “Acuña, lealtad”.

La reunión tuvo lugar apenas tres días antes de que entrara en vigencia el plazo de tres meses previos al día de la elección, en el que las autoridades postulantes a reelección no pueden encabezar actividades que pudieran influir en el voto. Sin embargo, la autorización para la distribución del dinero allí prometido llegó en plena campaña electoral: la Resolución de Alcaldía N° 995-10, firmada por Acuña, distribuyó cheques por casi medio millón de soles entre 251 organizaciones sociales de base (OSB), el 13 de setiembre del 2010. Apenas tres semanas antes del 3 de octubre, día de las elecciones municipales que ganó.

El lector no se equivoca al deducir de dónde provinieron esos fondos. Pero de lo que no tiene idea es de cómo se gestionó, al interior de la municipalidad, ese dinero.

No fueron las representantes de los comedores quienes solicitaron las subvenciones sociales. Al contrario, durante los meses que duró la última campaña municipal, la Gerencia de Desarrollo Social se convirtió en una fábrica de solicitudes: funcionarios ediles recorrieron los comedores populares, llenaron solicitudes a nombre de sus representantes, luego las hicieron firmar por ellas e ingresaron los documentos de manera irregular a la municipalidad, vía Mesa de Partes.

Obran, en poder del autor de este informe, las solicitudes supuestamente redactadas por las representantes de las OSB: es evidente que fueron llenadas por tan solo tres tipos de letra. Es decir, solamente por tres personas.

Pero la irregularidad se convirtió en fraude, de acuerdo con especialistas consultados. Todas las solicitudes, que se convirtieron luego en cheques por S/.431 mil, fueron ingresadas a la municipalidad el mismo día, el 27 de junio del 2010, domingo, tal como figura en los cargos.

La improbable historia que cuentan estos documentos es la siguiente: 251 mujeres, provenientes de 11 distritos de Trujillo, llegaron un domingo no laborable a las oficinas municipales a ingresar solicitudes por subvenciones sociales.

Ni siquiera el software que registra el día y la hora de ingreso de documentos a la municipalidad sustenta el supuesto: el sistema muestra que las solicitudes se recibieron una tras otra el sábado 26 de junio del 2010, un día antes. Increíblemente, no especifica la hora, como se aprecia en un reporte impreso del archivo digital de Mesa de Partes que una fuente entregó a INFOS durante el proceso de investigación.

Para esta nota se entrevistó a diez de las representantes de comedores populares que recibieron una subvención social durante la campaña electoral del 2010. Ninguna de ellas reconoce haber llenado las solicitudes de fondos: la letra no les pertenece; ellas no ingresaron los documentos a la municipalidad y coinciden en que no pidieron el dinero, sino que fueron funcionarios quienes las visitaron y se lo ofrecieron.

A Juana López Mallqui, del sector Buenos Aires, por ejemplo, los papeles que firmó la terminaron incluso afiliando a APP. El video de las entrevistas está disponible en especialacuna.lamula.pe

No solo los comedores populares se vieron beneficiados en el año electoral 2010, cuando las subvenciones llegaron a su pico más alto de S/.3.3 millones. Así como ellos, casi 300 colegios de Trujillo recibieron cheques por S/.5 mil cada uno para la compra de computadoras. Solo a través de tres subvenciones colectivas (ver tabla en página anterior), la gestión Acuña distribuyó cheques por S/.2 millones: el 60% de la partida de ese año.

¿Pero cómo pudo Acuña disponer de tal cantidad de dinero en un año especialmente sensible por la contienda electoral? Consultado para esta nota (ver la entrevista completa en las páginas siguientes), el alcalde de Trujillo dijo que las subvenciones ‘de montos altos’ como estas las aprobó el Concejo Municipal, negando que la decisión la haya tomado solo. Sin embargo, dos regidores de oposición, Edward Berrocal y Luis Carlos Santa María, lo desmienten.

“No es cierto, el Concejo no aprueba las subvenciones altas del alcalde. Por ejemplo, la subvención a los clubes de madres, en plena campaña electoral, no tiene ninguna aprobación. Tal es así que tuvieron que modificar el presupuesto para cubrirla. Tampoco aprobamos las subvenciones de ese año para colegios”, dice Berrocal. Santa María, mientras tanto, señala que no tendría sentido que el alcalde les pida aprobar ese tipo de subvenciones colectivas, toda vez que ya cuenta con la autorización del uso de la partida que le ceden todos los años.

Una prueba más del abuso de la partida de subvenciones durante el 2010 es la siguiente: ese año se presupuestaron S/.2 millones para ella, pero al terminar el periodo se terminaron gastando S/.3,3 millones, un aumento de más del 50% del dinero que inicialmente se proyectaba invertir en el 2010, como consta en el Presupuesto Institucional de Apertura de ese año.

 

LA FIESTA INTERMINABLE

El lado más exótico del modelo Acuña es el uso de la partida de subvenciones sociales para pagar fiestas de sus trabajadores. Casi medio millón de soles fueron destinados a esos fines. Durante los cinco primeros años de César Acuña como alcalde, 27 resoluciones de Alcaldía, firmadas por el burgomaestre, fueron a pagar el mismo número de celebraciones para los tres sindicatos de trabajadores que integran la planilla edil. Así, los trabajadores del municipio gozan, en promedio, de una fiesta cada dos meses.

El Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (Semut), el Sindicato de Obreros Municipales de Trujillo (Somut) y la Asociación de Empleados Municipales (Adem), cada uno con sus propios intereses y lista de requerimientos sindicales, lograron conseguir montos de hasta S/.49 mil destinados a fiestas, como parte de la negociación anual con la municipalidad que concluye con la firma de un pacto colectivo.

Con ello, César Acuña compró una paz laboral que desde el inicio de su gestión le fue esquiva: al cuarto mes de su primer año en el municipio, una huelga de los trabajadores paralizó por tres días la municipalidad. El entonces reciente alcalde había hecho un polémico anuncio: doblar el horario de atención del municipio mediante un doble turno de trabajo.

El doble turno se instaló, con lo que la municipalidad contrató cientos de trabajadores nuevos para atenderlo, pero el crispado clima laboral de un inicio se convirtió en una apacible convivencia. Los trabajadores municipales, quienes venían de haber trabajado durante 16 años bajo cuatro periodos consecutivos de gobierno aprista, no volvieron a protagonizar manifestaciones como aquella con la que bautizaron al entonces novato alcalde.

Hoy cada asociación de trabajadores tiene fondos para sus propias actividades. Así, Somut (276 afiliados) suele festejar su aniversario institucional en el restaurante ‘El Sombrero’; mientras que Adem (450 asociados) prefiere contratar los servicios de ‘El Mochica’ o el ‘Club Libertad’; asimismo, las fiestas del Semut (298 afiliados) han sido animadas por reconocidas orquestas de cumbia del Norte del país, tales como Amaya Hermanos, Grupo América y los Hermanos Villacorta. El video de su último festejo, orquesta incluida, está disponible en especialacuna.lamula.pe

Las buenas relaciones entre los tres sindicatos han hecho posible que, pese a tratarse de actividades individuales, los integrantes de una u otra asociación puedan asistir a cualquiera de las celebraciones. Pero de los tres presidentes de los sindicatos, entrevistados todos para esta nota, la que se muestra más orgullosa de sus gestiones frente a la administración Acuña es Maruja Huertas, saliente dirigente de Semut. Además del financiamiento de las fiestas, ha logrado un beneficio especial para sus asociados: 50% de descuento en las pensiones de cualquiera de las carreras de la Universidad César Vallejo, de la cual es dueño el alcalde.

 

¡LIQUIDAN LO NO RENDIDO!

Entre el 2007 y el 2010, primer periodo municipal de Acuña, a través de 1.464 resoluciones de Alcaldía, que beneficiaron a 2.502 personas e instituciones, se distribuyeron S/.8 millones por concepto de subvenciones sociales. Cuando llegó el momento de hacer las cuentas, la propia municipalidad tuvo que aceptar que el modelo hacía agua.

Hoy existen, en los estados financieros de la Municipalidad Provincial de Trujillo, S/.3 millones de los cuales no se han rendido cuentas, dinero que la institución entregó, y de los que no tiene noticia ni certeza de que hayan sido invertidos en el objetivo de la solicitud. Los beneficiarios no remitieron al municipio las boletas y facturas que demuestren el correcto uso de los fondos públicos, conforme lo exige el reglamento de las subvenciones (ver gráfico en esta página).

La información se desprende de los balances anuales con los que el municipio cerró cada periodo: el 36% del total de dinero girado por subvenciones durante estos años no fue rendido. Ante ello, Acuña firmó la Resolución de Alcaldía N° 946-10, dando por liquidadas las subvenciones menores a S/.1.000 emitidas en el 2008 y en el 2009, y que no fueron rendidas. Para ese fin modificó el reglamento de subvenciones que su misma administración aprobó: cambió la exigencia de presentación de boletas y facturas, por simples declaraciones juradas.

—Esto es ilegal y delictivo. Ningún funcionario público puede hacer eso —dijo un exdirector general de Presupuesto Público.

Pese a los ‘saldos’ del modelo, César Acuña ha premiado a los funcionarios que planificaron y ejecutaron el esquema. Cada una de las directivas, decretos y resoluciones que sentaron las bases del mismo contaron con la aprobación y visto bueno del gerente de Asesoría Jurídica, Luis Valdez Farias, ferviente defensor del modelo de Subvenciones Sociales que, con su firma, avaló desde un inicio. En el 2010, el alcalde ascendió a Valdez a gerente general de la municipalidad, cargo que actualmente ostenta y desde el cual se ha convertido en su mano derecha.

Algo similar pasó con María Elena Neira Rodríguez, subgerente de Programas Alimentarios y una de las operadoras políticas de César Acuña en la Gerencia de Desarrollo Social. Luego de que el área que dirige fuese una de las responsables de las irregulares solicitudes de subvención de los 251 comedores populares, Neira obtuvo el respaldo del alcalde para postular por su partido al Congreso de la República el año pasado, intentando capitalizar la amplia red de contactos que había tejido desde su cargo con las representantes de los comedores populares, aunque finalmente fue opacada por el peso del apellido Acuña: Richard, el hijo del acalde, es quien hoy ocupa la curul a la cual Neira aspiró.

Hace apenas tres meses, el 25 de enero, un nuevo Acuerdo de Concejo, el N° 012-12, autorizó una vez más al alcalde “la disposición de los fondos presupuestados para otorgar subvenciones sociales”. Son S/.2 millones que César Acuña ya empezó a utilizar. Por el momento, en Trujillo la fiesta no tiene cuándo acabar.

 

Cuando el abuso del poder público puede convertirse en corrupción

Por Yván Montoya*, abogado

La agencia de investigación INFOS me proporcionó hace unas semanas información relevante y debidamente documentada, en relación con la forma irregular en que la Municipalidad Provincial de Trujillo ha venido haciendo uso de recursos públicos correspondientes a la partida presupuestal de subvenciones.

Es muy importante advertir que cualquier pretensión formal de investigación de estos hechos debe considerar que frente a este tipo de casos complejos no se puede adoptar una perspectiva fragmentada. Estos hechos deberían ser evaluados e investigados, como ya lo hacen varios órganos del sistema penal anticorrupción para casos similares, de manera integral y apelando a la concatenación de indicios relevantes.

En mi concepto la información y documentación aludida denotarían elementos suficientes para que el Ministerio Público investigue la posible comisión de actos de peculado, colusión y, eventualmente, un delito electoral.

El delito de peculado (387 CP) sanciona al funcionario público que, en el dominio funcional sobre fondos públicos, se apropia de estos para sí mismo o para otros particulares, demostrando un comportamiento desleal con la administración pública y ajeno al interés público.

Sería importante determinar si las transgresiones sucesivas a la normativa sobre la disposición de fondos de subvención constituían un instrumento pseudoformal para llevar a cabo la apropiación indebida de fondos públicos por parte de personas naturales o jurídicas, las cuales se beneficiaron con las subvenciones. Esto resultaría apreciable en mayor medida en aquellos casos en que las subvenciones fueron concedidas para hacer ceremonias festivas, esto es, para propósitos ajenos a la función pública o de interés común.

No puede descartarse la necesidad de esclarecer si estamos también ante actos de malversación de fondos, siempre que se entienda que algunas de las subvenciones otorgadas persiguieron un interés público pero desnaturalizaron la partida presupuestal de subvenciones y afectaron la prestación de algunos servicios que brinda la municipalidad.

En cuanto al delito de colusión (384 CP), este sanciona al funcionario público que, por el cargo que ocupa o el Comité que integra en los procesos de selección para la provisión o asignación de bienes o servicios, se colude con un tercero interesado, afectando los intereses del Estado en la gestión del patrimonio público.

Cabe destacar que no solo pueden configurar actos de colusión aquellos que se producen en el contexto de una licitación u otro proceso regulado en la ley de contratación estatal. La colusión en el código penal también se da en el contexto de cualquier otra operación similar a la de una licitación, suministro, etc. Lo importante es que se trate de un procedimiento concursable que determine un proceso de selección en el que se involucre intereses patrimoniales del Estado. Si consideramos que las solicitudes para el otorgamiento de subvenciones es un procedimiento de selección para la asignación de recursos públicos entonces sería importante que las investigaciones se orientaran a acreditar cómo, en ese proceso, han sido favorecidas personas vinculadas al partido del alcalde. Se debe esclarecer si hubo un comportamiento colusorio con algunas de las personas beneficiadas.

Finalmente, en especial respecto de la Resolución de Alcaldía Nº 995-10 del 13 de setiembre del 2010 (a tres semanas de las elecciones municipales en las que el referido alcalde postulaba a la reelección), que autorizó la distribución de subvenciones por casi medio millón de soles a 251 clubes de madres, quedaría por dilucidar si tales actos constituyen algún delito electoral (356 CP). En concreto, la figura que prohíbe la entrega de dádivas al elector para inducir su voto en un sentido determinado. Un obstáculo para tal calificación son las solicitudes formales de subvención de dichas organizaciones. No obstante, la investigación periodística da cuenta que se habría tratado más de un trámite formal que de solicitudes espontáneas. Esto denotaría posibles actos unilaterales de entrega de fondos públicos en un contexto electoral.

En buena cuenta la Municipalidad de Trujillo, y en especial César Acuña, habría superado todo riesgo permitido al transgredir los límites dispuestos por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, concretizándose dicho riesgo en la posible afectación de los intereses patrimoniales del municipio. Es muy difícil creer que desde la posición de un alcalde se ignoren los alcances de las subvenciones concedidas y la función de proselitismo que tal vez cumplían.

Es en el contexto de una investigación seria a cargo del Ministerio Público, que el alcalde y los funcionarios vinculados a su administración deben esclarecer los hechos que se detallan en el reportaje de INFOS.

(*) Ex jefe de Extradiciones de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Fujimori-Montesinos. Profesor de Derecho Penal de la PUCP y responsable del proyecto anticorrupción del IDEHPUCP.

 

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