Narcofinanzas: amenaza continental

Según cálculos de algunos expertos, unos 24,000 millones de dólares de procedencia ilícita ingresan anualmente a México, se filtran en alguna medida al sistema financiero nacional y de ahí se vinculan con el mundo. Ese capital podría desestabilizar políticamente, mediante el financiamiento de grupos terroristas o subversivos –como ha sucedido con las FARC en Colombia–, no sólo a varios países de América Latina sino a todo el continente. Pero a diferencia de lo que sucede en otros países, en México ninguna institución financiera ha sido penalizada públicamente por lavado de dinero.

De acuerdo con Pablo Gómez del Campo, director general de Prevención de Operaciones Ilícitas de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –la reguladora federal del sector– sí existen sanciones a instituciones por tener laxos controles para evitar dinero del narco. Pero en su página de internet las casillas de penalizaciones se encuentran vacías, a pesar de que La Ley del Mercado de Valores indica en su artículo 109 bis 8 que toda sanción, y su infractor, serán dadas a conocer por ese medio.

“Estados Unidos ha tenido leyes contra el lavado de dinero desde hace mucho tiempo. Pero las instituciones financieras pusieron sus regulaciones en orden sólo en los últimos cinco años. ¿Por qué? Porque los reguladores federales hicieron que los bancos pagaran fuertes multas y les anunciaron que habría consecuencias graves en su reputación y en su estatus regulatorio si no ponían sus normas en perfecto orden. Y hasta donde puedo decir, México no ha hecho eso”, dice Jonathan Winer, vicepresidente de la consultoría APCO Worldwide y autor de un completo reporte hecho para el gobierno de Estados Unidos sobre lavado de dinero en México.

De acuerdo con Winer, en Estados Unidos se estima que 10 por ciento del sistema financiero mexicano opera con dinero lavado del narcotráfico. “Y es difícil pensar que de eso no hay ninguna evidencia”, asegura el experto.

Apenas el 17 de julio la Procuraduría General de la República (PGR), anunció una acción legal contra la Casa de Cambio Catorce. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda –encargada de investigar los delitos financieros–, sería la primera vez que una investigación originada dentro del sistema financiero, genera una acción legal por lavado de dinero. Otras dos averiguaciones en curso contra casas de cambio nacionales –Puebla y Majapara–, se originaron en la Unión Americana, donde están radicados los juicios.

En Estados Unidos, los ataques sufridos en 2001 hicieron del combate al terrorismo una prioridad en seguridad nacional. Así, endurecieron las multas a las instituciones que manejan recursos de procedencia ilícita y afectaron las redes de lavado de dinero. De acuerdo con algunos expertos, sin embargo, ese enfoque menguó su interés en el narcotráfico y su financiamiento en América Latina. La paradoja es que ambos recursos –terrorismo y narcotráfico– están ya conectados.

Informes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos han señalado que hay evidencia de que en México existen células islámicas radicales, y han ubicado grupos de Hezbollah en Chiapas. Además, de acuerdo con otro reporte de inteligencia estadounidense –citado en junio por la revista Proceso– Hamas y Hezbollah tienen socios narcotraficantes en México, a quienes ofrecen armas y un canal de distribución de droga en Europa y Medio Oriente.

Hasta ahora, el Departamento de Estado estadounidense había negado que en México existieran células de grupos terroristas. Sin embargo, ya en 2005 un ciudadano británico, Amer Haykel, presunto miembro de Al Qaeda sindicado en los ataques del 2001 a Estados Unidos, fue arrestado en Baja California Sur.

“Ya existe un corredor desde Sudamérica hasta Estados Unidos donde se trafican drogas, personas, armas y efectivo, que podría usarse para cualquier fin, incluso por grupos terroristas. Las ideologías ya no importan; sólo el dinero”, dice Douglas Farah, autor del libro Blood From Stones: The Secret Financial Network of Terror, experto en financiamiento de redes criminales y conferencista constante para agencias del gobierno estadounidense.

Una muestra de las conexiones entre bandas criminales son los grupos de formación paramilitar que operan en México, como los Zetas –ex policías y ex militares mexicanos–, las maras –relacionadas con Al Qaeda, según declaró a la prensa uno de sus líderes– y los kaibiles –ex soldados guatemaltecos con formación en Estados Unidos o Cuba–. Los tres se alquilan al mejor postor.

Es más, informes de prensa basados en “reportes de circulación restringida” de la agencia antidrogas estadounidense, DEA –aunque desmentidos oficialmente por el gobierno de ese país– aseguraban hace apenas unas semanas que sicarios mexicanos vinculados con los carteles de la droga reciben instrucción en el manejo de armas de organizaciones islámicas radicales en Irán, país al que viajan a través de Venezuela.

Así, en el país parecen coexistir un eficiente sistema de lavado de dinero, intereses terroristas y grupos paramilitares. Todos conectados.

Poco Dinero

Hay dos factores que complican la persecución del lavado dinero en México. El primero es que la economía informal, que no paga impuestos, equivale hasta 40 por ciento del PIB nacional. Rastrear dinero criminal en ese universo de informalidad resulta complejo. Segundo, el esfuerzo de Estados Unidos por detener el contrabando de efectivo de la venta de droga hacia el sur de su frontera no ha disminuido el flujo, y esos recursos parecen penetrar fácilmente el sistema financiero.

Con la creación en 2004 de la Unidad de Inteligencia Financiera –dependiente de la Secretaría de Hacienda–quedó formalizado en México un sistema legal más moderno, y consistente con las normas internacionales, para el combate al lavado de dinero. Y ese sistema ha continuado adecuándose hasta la fecha. Además, según la ACI Worldwide, las instituciones financieras adquieren controles tecnológicos cada vez más sofisticados para prevenir el ilícito.

Pero, según los expertos estadounidenses, hay señales de que falta ajustar aún más esos controles. Winer dice que urge regular específicamente la entrada de dinero a los centros cambiarios y, aún más importante, normar las transacciones de los bancos offshore con representación en el país. Y define la relación de estos entes financieros con los bancos más importantes que operan en México como “opaca, y difícil de evaluar y documentar”.

Pese a los rezagos legales, los expertos coinciden en que lo urgente es hacer cumplir las leyes ya existentes. “No es fácil alinear toda la infraestructura jurídica para perseguir el lavado de dinero. Hay muchos obstáculos, aún dentro de la burocracia, para poner las cosas en su lugar”, explica Don Semesky, jefe de Operaciones Financieras de la DEA.

Un ejemplo de tales obstáculos es la manera como opera la PGR cuando investiga un ilícito financiero. Para respetar el secreto bancario, la dependencia debe solicitar la información a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que puede negarse y llevar el caso ante un juez. Durante el juicio, la persona cuya cuenta está en disputa es avisada, por lo que tiene tiempo para retirarla antes de que inicie la investigación.

Los decomisos de efectivo en México han aumentado notablemente en los últimos años. Pero, salvo en el caso de la Casa de Cambio Catorce, una vez que los recursos entran al sistema financiero, no se han producido incautamientos de activos ilícitos ni penalizaciones a las instituciones. Hasta ahora, además, las investigaciones originadas en la UIF, llamadas denuncias proactivas, no habían derivado en una averiguación previa.