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La fiscal de hierro

¿Quién es Marisela Morales, la mujer escogida por Felipe Calderón para manejar la PGR?

Por Alberto Aguirre M.

HERRAMIENTAS

 Posee una casa, adquirida hace cinco años con un préstamo bancario de dos millones de pesos; siete tarjetas de crédito y cuatro juegos de aretes y anillos, por los que pagó 50,000 pesos. Instalada en la modesta medianía, con un sueldo de 150,000 pesos mensuales, Marisela Morales Ibáñez puede presumir, sin embargo, de ser actualmente la funcionaria gubernamental más poderosa en México. Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), esta penalista de 40 años de edad, madre soltera y con dos hijos, apareció en prácticamente todas las primeras planas de la prensa mexicana junto con la primera dama estadounidense, Michelle Obama, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con quienes estuvo en Washington DC, el pasado miércoles 8 de marzo, como parte de la decena de ganadoras del Women of Courage International Award 2011.

Hasta entonces, muy pocos la ubicaban físicamente, no obstante que encabezó las ruedas de prensa en las que públicamente fueron presentados criminales de alto perfil como Edgar Valdés, la Barbie; Vicente Zambada Niebla; José Gerardo Álvarez, el Indio; José Francisco Barreto, el Contador, y por lo menos otra docena de capos que han sido capturados gracias a “denuncias ciudadanas”, que han disparado investigaciones realizadas por la subprocuradora Morales y su equipo.

“Marisela está comenzando un programa de protección de testigos federales –dijo la jefa de la diplomacia estadounidense, cuando presentó a la funcionaria mexicana en la ceremonia de entrega de los premios–. El trabajo que ella está haciendo es peligroso y se cuenta entre los más importantes trabajos que puedan ser hechos en su país (…). Ha mostrado una voluntad inquebrantable para combatir al crimen organizado y la corrupción, y una valiente dedicación a la protección de la seguridad ciudadana y los derechos humanos”.

Mari, como la conocen dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), ha pasado la mitad de su vida fincando acusaciones contra criminales de toda índole. Ella ahora enlaza los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda, la Policía Federal, el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) y las secretarías de Marina y la Defensa Nacional para combatir a las bandas criminales.



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Para Mari, el derecho sólo tiene una acepción, la penal. En 1992, a punto de terminar su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, aplicó para hacer prácticas profesionales en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la aceptaron… dentro del equipo de defensoría de oficio en el Reclusorio Oriente. Durante más de un año acudió por las mañanas a los juzgados, ubicados en el cercano San Lorenzo Tezonco, para acumular horas y liberar su servicio social. En las tardes, se trasladaba a la Ciudad Universitaria, al sur de la capital, para tomar sus clases. En aquellas épocas no era requisito contar con la cédula profesional para concursar por una plaza de titular de juzgado, así que la joven presentó su examen y obtuvo un lugar.

“Defendiendo me di cuenta de que mejor prefería acusar, porque me tocaban casos en donde sentía que no era mi función defender a gente que hubiera cometido delitos tan graves como el homicidio, como la violación”, reveló en octubre del año pasado a El Universal, en una de las pocas entrevistas que ha concedido.

Apenas pudo graduarse, solicitó su ingreso a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) como ministerio público consignador. Siguió yendo al Reclusorio Oriente hasta 1995, cuando se convirtió en subdelegada de control de procesos en Coyoacán, para finalmente alcanzar la dirección de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia, mientras José Antonio González Fernández era procurador capitalino. Tenía 25 años de edad.

En 1997, ante la llegada del abogado perredista Samuel del Villar a la PGJDF, decidió cambiar de aires y aceptó irse a la PGR, donde el abogado panista Antonio Lozano Gracia había emprendido una reingeniería que permitió la formación del Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCO). Allí, Mari comenzó como fiscal especial.

En el año 2000, el primer presidente del Partido Acción Nacional nombró al general Rafael Macedo de la Concha, un militar de alto grado, como procurador general de la República, y Morales Ibáñez se contó entre los pocos civiles que permanecieron en los mandos superiores de esa dependencia. De hecho, gozó de un ascenso, pues fue designada coordinadora general de Investigación y por ello se convirtió en la jefa de todos los ministerios públicos federales.

Intervino en “casos pesados”, como la actualización de las indagatorias del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que derivó en la reapertura del caso, en mayo de 2003, y en la integración del expediente contra el entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le fincó responsabilidad por desacatar la orden judicial de pagar una millonaria indemnización a los propietarios del predio El Encino.

La polémica generada por el desafuero de López Obrador desgastó a la PGR, donde el general Macedo de la Concha dejó su lugar al ex consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca, quien después de su ratificación como procurador general designó a Morales Ibáñez jefa de Unidad especializada en Investigación de Delitos Federales, donde permaneció hasta que terminó el sexenio foxista. Renunció a su cargo para convertirse en ama de casa. Volvió a frecuentar su club deportivo –practica la natación–, a ir al cine y dejó el modesto departamento que había comprado a crédito, para mudarse a una casa de dos plantas, con tres habitaciones. Al año siguiente, nacería su segundo hijo.



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Después de su maternidad, Morales decidió regresar al Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde un lustro antes había comenzado su maestría. En mayo de 2008 volvió a las actividades persecutorias, como titular de la Unidad de Tráfico de Indocumentados, Menores y Órganos, por una invitación que le formuló la subprocuradora Claudia Ruiz Massieu.

Dentro de la PGR se vivían semanas convulsas. El titular de la Siedo, Noé Ramírez Mandujano, había abandonado el cargo después de 20 meses de escasos resultados y constantes fricciones con su antecesor, José Luis Santiago Vasconcelos, quien entonces fungía como subprocurador de asuntos internacionales.

Santiago Vasconcelos murió el 4 de noviembre de 2008 en el accidente aéreo en el que también perdió la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Dos semanas más tarde, cuando aún invadía el duelo a la alta burocracia calderonista, Ramírez Mandujano fue enviado a Viena como representante del gobierno mexicano en el organismo internacional de lucha contra el narcotráfico. Pero a los pocos días fue traído de regreso, para enfrentar las acusación de trabajar al servicio de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Después se sabría que un informante anónimo denunció al mando federal como la cabeza de una red de protección –en la que participaban otros seis funcionarios– al servicio de una facción del cartel del Pacífico. A cambio de proporcionar información “sobre las investigaciones y acciones en curso”, Ramírez Mandujano recibía una paga mensual de 45,000 dólares.

Así concluyó la “Operación Limpieza” –desarrollada en sigilo durante un año–, y el procurador Eduardo Medina Mora, siguiendo el consejo de Claudia Ruiz Massieu, brindó la oportunidad de su vida a Morales Ibáñez, quien desde entonces se convirtió en La Fiscal de Hierro.

“Fue muy difícil llegar a un lugar donde había mucha gente que estaba reprobada en los exámenes de confianza y había que continuar, porque los detenidos y esto no para”, confesó. En aquella entrevista, definió lo que ha sido más difícil en el desempeño de su cargo: “Hacer un equipo de trabajo comprometido ha sido mi mayor problema”.

Nada más cierto: a finales de agosto de 2009 –cuando estaba por cumplir apenas 11 meses como titular de la Siedo– ya había ordenado tres veces el relevo de los jefes de las fiscalías especiales a su cargo.

En los últimos dos años, la Siedo ha logrado la aprehensión, consignación y condena de 25,000 personas relacionadas con el crimen organizado.

¿Su mayor fracaso? La liberación de 41 funcionarios –entre ellos 15 presidentes municipales en funciones– del gobierno de Michoacán, detenidos en mayo de 2009, bajo sospecha de tener vínculos con La Familia. Todos los involucrados en el llamado Michoacanazo salieron de prisión, absueltos, luego de que los jueces federales restaran valor probatorio al testimonio del testigo protegido con el que la Siedo quiso sustentar las averiguaciones previas.

Ya antes se le habían caído casos fincados en declaraciones anónimas. En un juicio contra un presunto miembro de los Zetas, desapareció la testigo colaboradora en quien se sustentaba la acusación. A la fiscal no le quedó más remedio que comunicar ese hecho al juez del caso: se excusó de no mostrar a ese declarante “toda vez que por el momento no es posible localizarlo, ya que abandonó el servicio de escolta, y se procede a girar la localización y presentación en contra de dicho testigo”. Era, probablemente, una delincuente arrepentida que se habría fugado, por lo cual la triste comunicación concluye diciendo que “se está en el proceso de estudio de su situación jurídica”.



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El martes 8 de marzo de 2011 había alfombra roja en la explanada del auditorio Dean Achenson de la sede del Departamento de Estado, en Washington DC, en el centenario de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La primera dama estadounidense, Michelle Obama, entregaba el Premio Internacional a la Valentía Femenina. En el estrado, junto a la canciller Hillary Clinton y Melanee Verveer, embajadora plenipotenciaria en asuntos globales de las mujeres del gobierno de Estados Unidos, estaban Julia Gillard, la primera ministro en funciones de Australia, y Lloyd Blankfein, CEO de Goldman Sachs, reconocida por su programa de impulso a las mujeres emprendedoras. En la primera fila estaban seis de las galardonadas. A la bielorrusa Nasta Palazhanka y la cubana Yoani Sánchez, las autoridades de sus respectivos países les impidieron viajar. Marisela Morales Ibáñez había llegado dos días antes a Washington DC, y en la víspera tuvo la oportunidad de participar en el arranque del programa “100 Mujeres”, una iniciativa del gobierno estadounidense para identificar y proyectar a “líderes emergentes” en todos los ámbitos, de todas las regiones del mundo.

La noche del martes, Morales y las demás galardonadas tuvieron una recepción en la Casa Blanca. “Ustedes trabajan todos los días sin descanso para que sus países sean más justos, más igualitarios y más libres. A menudo muchas de ustedes se ponen en riesgo a sí mismas y a sus familias”, refirió la anfitriona, Michelle Obama.

Nada más cierto en el caso de Morales. En el sótano del edificio que ocupa la Siedo –protegido por una reja antibombas que se ubica en Paseo de la Reforma, en la colonia Guerrero– los grandes capos capturados rinden sus primeras declaraciones ministeriales antes de ser trasladados a los centros de arraigo.

En los últimos 18 meses, cuando menos en tres ocasiones han tenido que ser activadas las “alertas de rescate”, ante la amenaza de incursiones para recuperar a algún detenido. La más reciente, el 31 de agosto del 2010, cuando La Barbie estuvo en los separos de la Suprocuraduría, antes de ser trasladado al centro de mando de la Policía Federal, en Iztapalapa. Al final, se trató de una falsa alarma.

Todo lo contrario ocurrió a principios del 2008, cuando un comando estuvo a punto de tomar por asalto la sede de la subprocuraduría para rescatar a Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo. Su hermano Arturo, el Barbas, había pagado cinco millones de pesos a funcionarios de la dependencia para que le entregaran los planos del inmueble. Las investigaciones sobre ese rescate fallido derivaron en la Operación Limpieza.



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Mari, La Fiscal de Hierro de la PGR, no habla inglés. Sin embargo, se cuenta entre los funcionarios de la administración calderonista en quien más confían los representantes de las agencias gubernamentales estadounidenses que combaten al crimen organizado de este lado del río Bravo.

Es una “aliada confiable, como [Genaro] García Luna –dijo un funcionario de Los Pinos antes de que Calderón hiciera el anuncio–. Cuenta con el aval del ex procurador Medina Mora [actual embajador de México en el Reino Unido] y el respaldo de los estadounidenses”. Eso quedó claro el 31 de marzo, cuando el Presidente dijo que sometería su nombre al Congreso.

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Lic. Carlos Servin LLamas
2011-04-02 16:16:00

MARGARET TACHER, FUE NOMINADA COMO LA MUJER DE HIERRRO, AHORA FELIPE CALDER5ON HINOJOSA, NOS SALE CON UNA CARICATURA CON MARISELA MORALES IBAÑEZ, QUINE NO TIEN EL PERFIL NI MENOS LA EXPERIENCIA DE FISCAL YA QUE NO CONOCE UNA AVERIGUACION PREVIA Y TAN ES ASI QUE LA REINA DEL PACIFICO RESULTO INOCENTE, COMO MUCHOS SALDRAN INOCENTES, YA QUE LA SIEDO FABRICA DELITOS INEXISTENTES Y CARECE DE LA CAPACIDAD MENTAL Y JURIDICA, Y LA SUSODICHA FUE INFLADA POR FECAL, NO POR MERITOS PROPIOS, PARA MI ES UNA INEPTA Y DEMENTE FISCAL, PUESTA DE DEDAZO POR FECAL.

Lic. Carlos Servin LLamas
2011-04-02 16:23:07

para mi marisela morales ibañez, es una fiscal que esta verde, solo fue inflada por fecal, quien es un estupido y drogadicto, su gobierno ha sido un fracaso, yo he trabajado 30 años el derecho penal mexicano y jamas habia conocidos estupidos como arturo chavez chavez y maricela morales ibañez, yo reto publicamente a maricela moarles ibañez para que se enfrente conmigo en un juicio penal y a todos los temidos abogados penalista, Lic. Carlos Servin LLamas.

F
2011-04-25 21:09:20

Yo tengo 40 años. Y la verdad, a esta edad no tienes la experiencia profesional y de vida para este tipo de puestos.