La fiscal de hierro

 Posee una casa, adquirida hace cinco años con un préstamo bancario de dos millones de pesos; siete tarjetas de crédito y cuatro juegos de aretes y anillos, por los que pagó 50,000 pesos. Instalada en la modesta medianía, con un sueldo de 150,000 pesos mensuales, Marisela Morales Ibáñez puede presumir, sin embargo, de ser actualmente la funcionaria gubernamental más poderosa en México. Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), esta penalista de 40 años de edad, madre soltera y con dos hijos, apareció en prácticamente todas las primeras planas de la prensa mexicana junto con la primera dama estadounidense, Michelle Obama, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con quienes estuvo en Washington DC, el pasado miércoles 8 de marzo, como parte de la decena de ganadoras del Women of Courage International Award 2011.

Hasta entonces, muy pocos la ubicaban físicamente, no obstante que encabezó las ruedas de prensa en las que públicamente fueron presentados criminales de alto perfil como Edgar Valdés, la Barbie; Vicente Zambada Niebla; José Gerardo Álvarez, el Indio; José Francisco Barreto, el Contador, y por lo menos otra docena de capos que han sido capturados gracias a “denuncias ciudadanas”, que han disparado investigaciones realizadas por la subprocuradora Morales y su equipo.

“Marisela está comenzando un programa de protección de testigos federales –dijo la jefa de la diplomacia estadounidense, cuando presentó a la funcionaria mexicana en la ceremonia de entrega de los premios–. El trabajo que ella está haciendo es peligroso y se cuenta entre los más importantes trabajos que puedan ser hechos en su país (…). Ha mostrado una voluntad inquebrantable para combatir al crimen organizado y la corrupción, y una valiente dedicación a la protección de la seguridad ciudadana y los derechos humanos”.

Mari, como la conocen dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), ha pasado la mitad de su vida fincando acusaciones contra criminales de toda índole. Ella ahora enlaza los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda, la Policía Federal, el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) y las secretarías de Marina y la Defensa Nacional para combatir a las bandas criminales.



✽ ✽ ✽

Para Mari, el derecho sólo tiene una acepción, la penal. En 1992, a punto de terminar su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, aplicó para hacer prácticas profesionales en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la aceptaron… dentro del equipo de defensoría de oficio en el Reclusorio Oriente. Durante más de un año acudió por las mañanas a los juzgados, ubicados en el cercano San Lorenzo Tezonco, para acumular horas y liberar su servicio social. En las tardes, se trasladaba a la Ciudad Universitaria, al sur de la capital, para tomar sus clases. En aquellas épocas no era requisito contar con la cédula profesional para concursar por una plaza de titular de juzgado, así que la joven presentó su examen y obtuvo un lugar.

“Defendiendo me di cuenta de que mejor prefería acusar, porque me tocaban casos en donde sentía que no era mi función defender a gente que hubiera cometido delitos tan graves como el homicidio, como la violación”, reveló en octubre del año pasado a El Universal, en una de las pocas entrevistas que ha concedido.

Apenas pudo graduarse, solicitó su ingreso a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) como ministerio público consignador. Siguió yendo al Reclusorio Oriente hasta 1995, cuando se convirtió en subdelegada de control de procesos en Coyoacán, para finalmente alcanzar la dirección de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia, mientras José Antonio González Fernández era procurador capitalino. Tenía 25 años de edad.

En 1997, ante la llegada del abogado perredista Samuel del Villar a la PGJDF, decidió cambiar de aires y aceptó irse a la PGR, donde el abogado panista Antonio Lozano Gracia había emprendido una reingeniería que permitió la formación del Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCO). Allí, Mari comenzó como fiscal especial.

En el año 2000, el primer presidente del Partido Acción Nacional nombró al general Rafael Macedo de la Concha, un militar de alto grado, como procurador general de la República, y Morales Ibáñez se contó entre los pocos civiles que permanecieron en los mandos superiores de esa dependencia. De hecho, gozó de un ascenso, pues fue designada coordinadora general de Investigación y por ello se convirtió en la jefa de todos los ministerios públicos federales.

Intervino en “casos pesados”, como la actualización de las indagatorias del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que derivó en la reapertura del caso, en mayo de 2003, y en la integración del expediente contra el entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le fincó responsabilidad por desacatar la orden judicial de pagar una millonaria indemnización a los propietarios del predio El Encino.

La polémica generada por el desafuero de López Obrador desgastó a la PGR, donde el general Macedo de la Concha dejó su lugar al ex consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca, quien después de su ratificación como procurador general designó a Morales Ibáñez jefa de Unidad especializada en Investigación de Delitos Federales, donde permaneció hasta que terminó el sexenio foxista. Renunció a su cargo para convertirse en ama de casa. Volvió a frecuentar su club deportivo –practica la natación–, a ir al cine y dejó el modesto departamento que había comprado a crédito, para mudarse a una casa de dos plantas, con tres habitaciones. Al año siguiente, nacería su segundo hijo.



✽ ✽ ✽

Después de su maternidad, Morales decidió regresar al Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde un lustro antes había comenzado su maestría. En mayo de 2008 volvió a las actividades persecutorias, como titular de la Unidad de Tráfico de Indocumentados, Menores y Órganos, por una invitación que le formuló la subprocuradora Claudia Ruiz Massieu.

Dentro de la PGR se vivían semanas convulsas. El titular de la Siedo, Noé Ramírez Mandujano, había abandonado el cargo después de 20 meses de escasos resultados y constantes fricciones con su antecesor, José Luis Santiago Vasconcelos, quien entonces fungía como subprocurador de asuntos internacionales.

Santiago Vasconcelos murió el 4 de noviembre de 2008 en el accidente aéreo en el que también perdió la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Dos semanas más tarde, cuando aún invadía el duelo a la alta burocracia calderonista, Ramírez Mandujano fue enviado a Viena como representante del gobierno mexicano en el organismo internacional de lucha contra el narcotráfico. Pero a los pocos días fue traído de regreso, para enfrentar las acusación de trabajar al servicio de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Después se sabría que un informante anónimo denunció al mando federal como la cabeza de una red de protección –en la que participaban otros seis funcionarios– al servicio de una facción del cartel del Pacífico. A cambio de proporcionar información “sobre las investigaciones y acciones en curso”, Ramírez Mandujano recibía una paga mensual de 45,000 dólares.

Así concluyó la “Operación Limpieza” –desarrollada en sigilo durante un año–, y el procurador Eduardo Medina Mora, siguiendo el consejo de Claudia Ruiz Massieu, brindó la oportunidad de su vida a Morales Ibáñez, quien desde entonces se convirtió en La Fiscal de Hierro.