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Las víctimas y la unidad nacional

Clara Elvira Ospina

HERRAMIENTAS

La imagen del presidente Santos acompañando la radicación de la ley de víctimas fue elocuente: el proyecto cuenta con el compromiso del Gobierno de sacar adelante una verdadera reparación. Y una semana antes, en un encuentro franco con las bancadas de la coalición, el mandatario se lo dijo sin rodeos al presidente del Partido de la U, Juan Lozano, que se preocupaba por los costos del proyecto: palabras más, palabras menos, Santos le manifestó que lo que cambió no fue el costo del la iniciativa, sino el Gobierno, que ahora sí tiene voluntad de apoyar la ley.
Todo parecía resuelto. Pero la radicación del proyecto solo fue el detonador de una discusión, que promete convertirse en la gran pelea política del final de este año y del inicio del próximo. Las fuerzas ya lucen alineadas. Está claro quiénes están de qué lado. Los grandes amigos del Gobierno pasado, el Partido de la U y el Partido Conservador, encuentran un  obstáculo en cada tema, y los más felices son los opositores del pasado, los liberales y el Polo Democrático.
La realidad es que quien cambió fue Santos, porque la U y los conservadores siempre fueron el obstáculo de la ley. ¿Por qué se oponen? Los más representativos exponentes de la derecha llegan a caricaturizar la posibilidad de hacer una reparación efectiva y justa sosteniendo que deberán pagarles a los nietos y bisnietos de la violencia de los años cincuenta. Con eso intentan decir que como todos somos víctimas, que como de alguna manera a todos nos ha tocado la guerra, entonces es mejor quedarnos como estamos para no entrar en honduras.
El asunto es que no les asiste la razón: aquí sí hay unas víctimas identificadas, aquí sí hay una deuda muy grande con los parientes de los masacrados, de los desaparecidos, de los secuestrados. Aquí sí hubo una expoliación de las tierras por parte de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, y los dueños originales tienen derecho a que les devuelvan lo que fue suyo.
¿Desde cuándo se hará la reparación? Ese es un punto complicado. Por fuerza de las posibilidades de confrontar los títulos de propiedad, la ley  terminará fijando un límite en el tiempo. Pero algo hay que hacer.
Los contradictores de la ley dicen que es muy onerosa. Para eso también hubo respuesta por parte del presidente Santos: no tener la ley sale más costoso porque el Estado es frecuentemente castigado con condenas judiciales y también internacionales, que fijan sumas inmensas, abultadas por el daño moral que significa que no se haya hecho justicia.
Los promotores de la ley no pueden olvidar que, en especial con la restitución de tierras, están tocando la médula de la desigualdad de Colombia. Los terratenientes ya fueron notificados de que será necesario pagar más por los terrenos baldíos. Por eso, el proyecto es valiente, pero evidentemente no será fácil. La concentración de la tierra ha sido como una herida supurante que los sucesivos congresos y gobiernos han preferido no tocar.
La pelea no es solo por el fondo de la ley. También hay que reconocer que  es un punto de honor del uribismo. Ya la habían hundido en la pasada Administración y es claro que la iniciativa es del Partido Liberal, declarado opositor de Uribe y recién estrenado en la coalición. Los conservadores dicen que no soportan el aire de triunfalismo de los liberales con este tema. Los de la U tratan de sacar adelante la ley de tierras para que no pueda acumularse con la de las víctimas y hacerle operación avispa a la iniciativa central. Los amigos de unos y otros se llenan la boca diciendo que las víctimas sólo quieren sacarles plata a sus muertos. Los liberales se ufanan de que ahora sí les ponen cuidado en el Gobierno.
Y en medio de esas disputas políticas, siguen las víctimas, que no cuentan con tanta capacidad de pelea. Lo único que tienen son sus dolorosos recuerdos y sus precarias expectativas.

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