Narcotráfico: Falta lo peor

 Muchos hablan de la “colombianización” de México al suponer que, como en una historia circular, hoy este país enfrenta lo mismo que Colombia durante los años ochenta y los noventa. Los mexicanos imaginan que esa fue la peor época del narco colombiano, cuando Pablo Escobar pagaba 500 dólares por cada policía asesinado, ordenaba toques de queda, detonaba bombas en las principales ciudades de Colombia, financiaba guerrillas, asesinaba ministros y secuestraba periodistas.

El parecido con la realidad de estados como Michoacán o Tamaulipas parece evidente. Son casi incontables las decapitaciones, los cuerpos colgando de puentes, los cadáveres con carteles. Entonces, se cree que en temas de narcotráfico, el México de hoy es la Colombia de hace 20 años. Y puede que sea así. Sin embargo, la historia del narcotráfico colombiano sólo estaba comenzando con Pablo Escobar. Después de él vino la mayor sofisticación y, peor aún, la utilización del Estado por parte del narco. Esta última es la etapa que aún pocos conocen de la historia de esta nación.

Muchos piensan que la era de Escobar fue la más difícil de los carteles colombianos. Claro, fue la más violenta, pero no la más sofisticada. Entonces, si la “colombianización” de México es cierta, no se refiere únicamente a la violencia, sino a una compleja historia de manipulación y reconfiguración del Estado, que estaría aún por venir. Puede que México aún no haya enfrentado esta situación. O peor aún, puede que sí, y que la sociedad mexicana no se haya percatado suficientemente.

Cuando Escobar fue acribillado en un tejado, en Colombia muchos celebraron. Creyeron equivocadamente que su muerte significaba el fin del narcotráfico en el país. Esta equivocación sucede cuando se cree que el narco es asunto de unos pocos capos que deben ser encarcelados o eliminados, y que tarde que temprano los traficantes vivos, temiendo el fatídico final de sus jefes, desistirán.

Con esta creencia, se olvida que los gobiernos enfrentan redes criminales, no individuos. Se olvida que los miembros de esas redes aprenden y actúan incluso más rápido que las autoridades. Se soslaya que cuando un capo desaparece, siempre hay alguien dispuesto a reemplazarlo. Peor aún, se olvida que enfrentar con armas a las agencias del Estado, no es lo más inteligente que una red de narcos o criminales organizados puede hacer.

Por ejemplo, después de 30 años de lidiar con el Estado, los narcos colombianos no sólo han aprendido a burlar fronteras y controles aduaneros, también saben que infiltrar, cooptar y utilizar al Estado es más útil que solamente confrontarlo. Esta última es la etapa más sofisticada y compleja del narco colombiano, aquella que aún está en marcha en ese país.

Cuando Escobar reconoció que era útil infiltrar instituciones del Estado, se hizo elegir como representante a la Cámara de la República de Colombia, por el Partido Liberal colombiano. Quiso legislar para impedir la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Carlos Lehder hacía su parte, creando el movimiento político “Cívico-Latino Nacional”, promoviendo la identidad latinoamericana, repartiendo dinero y dando discursos en rechazo a la intervención estadounidense en Colombia.

Sin embargo, la estrategia de actuar directamente en la política no funcionó. Escobar y Lehder se expusieron a la vida pública, y la clase política a nivel nacional los rechazó. Una fracción del liberalismo, liderada por el entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, puso en evidencia al cartel de Medellín, y rechazó la intervención narcotraficante en la política colombiana. Escobar no tuvo la paciencia para intentar manipular las leyes de otra manera. Por su afán, asesinó a Galán y a miles de colombianos, declaró la guerra al Estado, mereció el rechazo general y llamó la atención mundial por la gravedad de sus crímenes. Cometió un grave error para sus intereses: aumentó drásticamente su exposición penal, de manera que agencias de Colombia y otros países, en particular Estados Unidos, no descansaron hasta darlo por muerto. Por su parte, Carlos Lehder fue encarcelado y extraditado a Estados Unidos, donde hoy cumple condena sin beneficio alguno. La estrategia de actuar directamente y en propia persona en la política fue un fracaso.

Con los errores de Escobar y de Lehder, los narcos colombianos identificaron y aprendieron los altos riesgos de participar en propia persona en política y de declarar la guerra al gobierno. Así terminó una de las primeras etapas del narcotráfico en Colombia; la más violenta y primitiva, la menos sofisticada. La misma fase en que aún se mueven algunos capos mexicanos.

Sin embargo, muy pronto los narcos mexicanos entenderán que la confrontación no puede ser “eterna”, y que lo mejor es llegar a acuerdos. Y entre más “legales” parezcan esos acuerdos, más útiles les podrían resultar. Ya lo decía Servando Gómez, La Tuta, líder de la Familia Michoacana, cuando en julio de 2009 llamó a un programa de televisión para manifestarle al presidente Calderón su respeto y su interés por detener la guerra. La Tuta solicitó un acuerdo, un consenso. No lo decía porque su cartel estuviera debilitado, sino porque él pareciera saber que a la larga los acuerdos son menos costosos que la guerra.

Al parecer, los convenios entre narcos y gobiernos locales en México son de vieja data. Expertos han señalado que gracias a esos acuerdos, no se observaba la violencia actual, aunque hubiera narcotráfico. Sin embargo, el cambio de estructura política habría llevado a la ruptura de pactos y al caos actual en el que varios carteles se disputan el control de la distribución de droga a Estados Unidos y Europa.

Pareciera a simple vista que México se encontrara en “un punto de no retorno”. La declaración de “combate al narco” y la vigilante mirada de Estados Unidos, hacen imposible regresar a los antiguos consensos, al menos en la escala federal o estatal. Por esto, los carteles mexicanos, luego de la confrontación abierta, podrían buscar pactos de menor nivel, probablemente financiando campañas electorales en municipios y promoviendo movimientos sociales y políticos. Cooptando a la clase política, los narcos pueden obtener el favor de la ley, lo cual es, tal vez, el logro más anhelado por cualquier narcotraficante. Quizá algo de esto podría haber sucedido en las pasadas elecciones. Sólo la historia, la justicia y la ciencia se encargarán de esclarecerlo.

En Colombia, el Cartel de Cali ya intentó lo mismo que pretendió la Tuta. Tras reconocer que no es conveniente declarar guerra abierta como lo hizo Escobar, el cartel de Cali financió la campaña electoral de un presidente de Colombia, creyendo que luego podría influir en las decisiones del Ejecutivo. Pero se equivocaron. La presión de los Estados Unidos obligó al mandatario elegido, Ernesto Samper, a perseguir al cartel, los antiguos financiadores. Finalmente, la cúpula del cartel de Cali fue eliminada o extraditada a la Unión Americana. En consecuencia, la estrategia de establecer pactos directamente con el presidente también fracasó.

Buscar acuerdos de tan alto nivel puede ser muy arriesgado. Tras reconocerlo, probablemente los narcos mexicanos harán lo mismo que hicieron sus pares colombianos: concentrarse en lograr el poder local, no con simples y vulgares sobornos, sino con arreglos de largo plazo. En el nivel local pareciera haber condiciones favorables a mayor impunidad y a hacer cumplir pactos por la fuerza. Capturando y cooptando las administraciones locales, los narcos pueden obtener poder sin aumentar su exposición penal como otrora lo hicieron el cartel de Medellín y el de Cali, o como lo estarían haciendo aún muchos narcos mexicanos. Los tiroteos en la calle sólo llaman la atención mundial y eso es lo que a la larga menos le sirve a un cartel.

En Colombia, a mediados de los noventa los narcoparamilitares como etapa ulterior de los carteles tradicionales, se percataron de ello. Apoyaron la elección de  congresistas, de alcaldes y de gobernadores. No sólo con llamativos sobornos, enviando maletas repletas de dinero a casa de los candidatos y funcionarios, sino fundamentalmente estableciendo acuerdos. En 2001, 36 personas entre jefes narcoparamilitares, candidatos, alcaldes, gobernadores, congresistas, y empresarios, firmaron un documento secreto, en el que acordaron “refundar el Estado” colombiano.

Se quería entonces establecer un nuevo régimen político que fuera útil a intereses egotistas y criminales; establecer un Estado paralelo, o “paraEstado”. Los medios para lograrlo eran claros: apoyar campañas electorales, infiltrar instituciones, lograr favores de funcionarios públicos y, cuando fuera necesario, ejecutar masacres. Por esto, algunos firmantes del pacto, conocido como “Pacto de Ralito”, que luego fueron elegidos congresistas de la República de Colombia, hoy han sido condenados por cometer crímenes atroces, al promover, al menos implícita o tácitamente, homicidios selectivos, torturas y masacres.

En este sentido, los narcoparamilitares también reconocieron la importancia estratégica de conformar ejércitos locales. No sólo bandas de sicarios y asesinos a sueldo, sino  cuerpos organizados con poder para ejercer violencia cuando fuera necesario. Así, en algunas regiones de Colombia la administración local, el control de la fuerza y la justicia estaban dirigidas por funcionarios que habían sido protegidos y promovidos por los narcoparamilitares, y por sus propios cuerpos coercitivos.

Por ello quizás la captura masiva de alcaldes municipales que tenían vínculos con La Familia, es una muestra de que en México los acuerdos para lograr el control local ya están en marcha.

Todo lo anterior demuestra que la historia del narcotráfico en Colombia no se refiere únicamente a la etapa de violencia de hace 20 años. La idea del “combate al narco” trae a la mente la confrontación de buenos contra malos: policías malos que reciben sobornos, policías buenos que persiguen delincuentes, y narcos perversos que asesinan policías. Pero esta distinción entre blanco y negro es una pequeña parte de la historia; es una caricatura. Como también es una caricatura la idea de que México vive lo que Colombia vivió en los años ochenta, y que esto será lo peor del narco.

Si México realmente vive una “colombianización”, entonces aún faltarían varias etapas de sofisticación, desgaste institucional y destrucción de fronteras morales en la sociedad mexicana. En Colombia se han transformado sus referentes morales, y paulatinamente se ha aprendido a convivir con trampas, ilegitimidad e ilegalidad. No pocas instituciones, normas y reglas de juego, desde abajo, se han transformado, al punto que en la cultura se han adoptado nuevos referentes morales.

Peor aún, en Colombia muchos congresistas elegidos con apoyo narcoparamilitar, legislaron y promulgaron leyes, llevando al Estado colombiano a una situación paradójica: leyes que, por ser leyes, deben ser cumplidas y acatadas, pero cuya legitimidad y beneficio social serían cuestionables. Esta situación, denominada “paradoja del Estado cooptado”, lleva a una difícil situación en la que no se sabe qué sería peor, si cumplir ciertas leyes o no hacerlo.

Si México realmente está transitando los caminos de Colombia, la ilegalidad y la ilegitimidad se mezclarán de manera cada vez más compleja con la legalidad. Cada cartel, frecuentemente en alianza con ciertos grupos formalmente legales en la esfera de lo político y económico,  buscará declararse dueño de la justicia, pretenderá cooptar instituciones y, con ello, intentará capturarlas y reconfigurarlas para sus propios intereses. Si la “colombianización” del narcotráfico en México es cierta, aún faltaría quizás lo peor en términos del deterioro del Estado de derecho y de la construcción de una verdadera democracia.