El ministerio de plomo

El puesto que La Oroya ocupa entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo fue ganado por decenas de años de ininterrumpida fundición de minerales sucios en el complejo minero que funciona allí desde 1922, primero por cuenta de la estadounidense Southern Peru Copper Corporation y luego por la estatal Centromin. En 1996, Centromin presentó un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que en 10 años debía reducir la contaminación a los niveles máximos permisibles. Doe Run, que compró el complejo en 1997, asumió los compromisos del PAMA, y todo parecía ir bien hasta que, a fines del 2002, un libro reveló que no era así.

El libro, La Oroya no espera, escrito por los doctores Anna Cederstav y Alberto Barandiarán, demostró que casi todos los niños de la ciudad estaban intoxicados con plomo y que había altísimas concentraciones de arsénico, cadmio y dióxido de azufre en el aire. En rigor, no era el primer estudio al respecto, pero tenía la contundencia de haber sido elaborado con reportes del Ministerio de Salud (Minsa) e información que Doe Run proporcionaba al Ministerio de Energía y Minas (MEM). El libro dejaba al Estado peruano al descubierto, y eso fue lo que más preocupó al entonces viceministro de Minas, César Polo.

Antes de que terminara el año, Polo decidió nombrar directora general de Minería a su asesora, María Chappuis. El nombramiento marcó un antes y después en el tratamiento que el MEM daba a Doe Run y a la contaminación de La Oroya. Chappuis pidió a la Dirección de Asuntos Ambientales del MEM los documentos de monitoreo del PAMA del Complejo Minero de La Oroya. Le fue entregada una ligerísima carpeta.

–Recibí cinco hojitas –dice Chappuis–. ¿Esta es la fiscalización de un PAMA de más de 100 millones de dólares?, pregunté. Pues lo era.


El PAMA que debía culminar Doe Run en enero del 2007 estaba basado en la reingeniería del complejo para resolver los mayores problemas de contaminación. Las obras principales eran plantas de ácido sulfúrico en los circuitos de cobre, plomo y zinc, que debían ser construidas antes del 2004. Sin embargo, el MEM autorizó sucesivas modificaciones, y permitió que estas plantas se construyeran durante los dos últimos años del programa. Peor aun, cada año Asuntos Ambientales redujo las metas anuales comprometidas en obras e inversión, evitándole a la empresa acotaciones y multas.

¿Por qué? Ningún estudio o informe técnico en el MEM justificó estos cambios, según una comunicación enviada por Chappuis a la Contraloría. A fines del 2003, cuando el PAMA ya estaba valorizado en 174 millones de dólares y había transcurrido más de la mitad del plazo para su cumplimiento, Doe Run solo había invertido 36 millones.

La fiscalización del cumplimiento de un PAMA es una tarea compleja, y Chappuis se dio cuenta rápidamente de que carecía de instrumentos. La empresa no presentaba planes de trabajo que mostraran metas intermedias medibles. Chappuis contrató una auditoría internacional, que demostró en el 2003 la falta de representatividad de los siempre aceptables registros de calidad del aire que mostraba Doe Run al MEM. Su equipo estaba calibrado para leer solo de 0 a 2 ppm –partes por millón, unidad de medida– de dióxido de azufre. ¡La contaminación mayor no la medía!

Además, constató que las inversiones estaban atrasadas y que era poco probable una culminación del PAMA en los plazos previstos. En el 2003 y el 2004, la empresa empezó a ser multada por no presentar la información necesaria para fiscalizar su programa. Por entonces Doe Run ya había pedido al gobierno que le extendiera el PAMA hasta el 2011, aduciendo que no podía invertir los 115 millones de dólares que costaba completarlo.

En efecto, el período 1997-2003 no fue el mejor de Doe Run, por la caída de precios de los minerales a partir de 1998. Pero en ese lapso transfirió unos 90 millones de dólares a su matriz por concepto de comisiones y honorarios, amén del préstamo en efectivo de 125 millones de dólares que le hizo a su accionista directo en los Estados Unidos, Doe Run Mining, seis días después de comprar el complejo de La Oroya. Según los reportes que presentó a la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, obtuvo ganancias de 249 millones de dólares entre 1998 y el 2004. Por otra parte, al Estado no debe importarle cuánto gasta una minera para cumplir su PAMA, sino que reduzca la contaminación en el plazo asumido mediante el programa aprobado.

–El PAMA es como la revisión técnica automotriz –dice un experto–: cualquier unidad debe tener los faros funcionando y el tubo de escape en buen estado. El que tenga un auto viejo debe conseguir como sea el dinero para repararlo.

Al tiempo que Chappuis iba endureciendo su posición hasta hacerla intolerable para Doe Run, en otros sectores del Estado crecía una actitud más pragmática. Mientras la empresa recibía por primera vez multas de la Dirección General de Minería, miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso viajaban a Mi-ssouri, a la matriz de Doe Run. En octubre del 2004, uno de ellos reemplazó al renunciante ministro del sector, Jaime Quijandría.

Desde el comienzo de su gestión, el ministro Glodomiro Sánchez y el jefe de sus asesores jurídicos, Felipe Isasi, tuvieron claro que el gobierno tenía que darle una salida al PAMA inconcluso de Doe Run. No solo porque ya no lo podría cumplir aunque tuviera el dinero, sino por el costo de cerrar un complejo de 3.500 trabajadores. Ese fin de año los habitantes de La Oroya organizaron un paro y bloqueo de carreteras en apoyo a la compañía. Chappuis, arrinconada desde la salida de Quijandría, empezó a ser considerada más como parte del problema que de la solución.

Chappuis se jugó por conceder una ampliación excepcional cambiando las condiciones del contrato, que obligaban al Estado a responder por cualquier juicio por daños ambientales durante el desarrollo del PAMA. Si el PAMA se extendía por causas atribuibles a Doe Run, sería razonable que asumiera esas responsabilidades.

Pero nadie defendería su postura en el ministerio. “Era la opinión jurídica de una ingeniera”, dijo para este artículo un asesor ministerial de entonces.

El 29 de diciembre, con gran apoyo del Congreso y del gobierno, fue aprobado el Decreto Supremo 046, que prorrogó “excepcionalmente” los plazos para el cumplimiento de programas medioambientales en el sector minero. A los pocos días, Chappuis renunció a la Dirección General de Minería. En una carta dirigida al ministro sostuvo que el MEM había priorizado lo inmediato sobre lo adecuado. Admitió también que había fracasado en presentar sus puntos de vista para mantener el principio de autoridad ante las “omisiones, incumplimientos e inobservancia de lo que fue pactado de modo libre y voluntario”.


El abogado Felipe Isasi, que ingresó en el 2004 al MEM como jefe de asesoría jurídica, estaba convencido de que el PAMA era inviable como fue concebido, y que necesitaba una modificación que fijara plazos cumplibles y susceptibles de fiscalización. Así pues, primero concibió el Decreto Supremo que permitía prorrogar los PAMA. Luego participó en una ardua negociación con Doe Run, que presentó su solicitud el 20 de diciembre de 2005. Isasi les pidió a sus representantes que garantizaran con una fianza las obligaciones que iban a contraer.

–Mejor expropien de una vez la empresa –dijo Juan Carlos Huyhua, el gerente general–.
Isasi dio un golpe en la mesa y dio por terminada la reunión. Doe Run volvió y aceptó la fianza. También admitió que la ampliación no fuera de cuatro años, como pretendía, sino de tres. En el proceso de diseñar la resolución ampliatoria participaron ambientalistas, expertos internacionales, trabajadores de La Oroya, congresistas, autoridades regionales. Todos estuvieron interesados en lograr que esta vez el Estado colocara los candados necesarios para que no hubiera otro fracaso. El nuevo plazo, esta vez sí “improrrogable”, vencía en diciembre del 2009.