Pisco, dos años después

Al cumplirse dos años del terremoto, el gobierno, a través de las emisoras de Ica, Pisco y Chincha, satura el espacio radioeléctrico con publicidad. El lema no podía ser otro: “La reconstrucción avanza”.

De acuerdo con estos anuncios, y con las cifras oficiales, a la fecha se habría desembolsado unos S/.850 millones en obras de reconstrucción. Basta hacer una corta visita a Ica para darse cuenta de que eso no es posible. Casi nada ha cambiado desde el 15 de agosto de 2007. De acuerdo con el portal Voces de la Reconstrucción, solo siete obras, avaluadas en S/. 6.715.703,18, se han culminado el último año. Y los supuestos proyectos que estarían en ejecución, siempre según esta página web, muestran escasos progresos.

Los propios documentos oficiales del Ministerio de Vivienda y Forsur manifiestan que las obras prioritarias no están en marcha. El colmo es el Hospital San Juan de Dios de Pisco, el cual fue totalmente arrasado por el terremoto. Su reconstrucción se ha anunciado en varias oportunidades con bombos y platillos y, aunque usted no lo crea, hasta en tres oportunidades se ha puesto la “primera piedra”. Desde entonces, un letrero anuncia, casi en son de broma: “Aquí se construye el nuevo hospital de Pisco”. Si no fuera por el aviso, nadie se daría cuenta de que allí se ejecuta un proyecto vital para la región. Ni una sola máquina, ni un solo obrero a la vista. Algo similar, pero no tan tragicómico, sucede con los otros dos hospitales que se debe levantar en Ica.

La infraestructura escolar se halla también a la espera de remodelaciones. Solo 18 colegios han sido entregados a la fecha. Y en algunos, las obras dejan mucho que desear. Un ejemplo es el centro educativo San Martín de Pisco (vea la página 45).

En lo que sí se muestran algunos avances considerables es en la construcción de la red de agua y desagüe. El programa Agua para Todos ha conseguido la rehabilitación e implementación de servicios de saneamiento, pero aún faltan muchas zonas que deben ser atendidas.

Viviendas, ya

Hay, pues, todavía mucho por hacer. Como asegura, sin poder disimular su indignación, el periodista Gastón Medina, las cosas no caminan como debieran.

“Ahora que se acerca el 15 de agosto, el segundo aniversario del terremoto, la gente va a volver a preguntarse: ‘¿Dónde está la plata que donó Gian Marco?’, ‘¿Qué obras se han hecho con ese dinero?’. Y como no se ha hecho nada [tengo entendido que se lo ha destinado a pagar la elaboración de unos proyectos], la gente va a decir: ‘Hasta esa plata se la robaron’. O, en el mejor de los casos: ‘Todo ese billete se quedó en Lima, y nosotros aquí fregados’. Y tienen razón, porque lo que más ha faltado en la reconstrucción es planificación, criterio y sentido común”, sostiene.

“Mira, tú puedes ver cómo se realizan muchas obras, pero si sigues viviendo en cuatro esteras forradas de plástico, lo único que te va a interesar es cómo y cuándo te van a ayudar a levantar una casa más o menos digna. Pero los ministros, los funcionarios del Forsur, de la municipalidad y de la región están pensando en todo, menos en resolver el principal y más urgente problema que subsiste a dos años del terremoto: ¡la gente no tiene dónde vivir!”, agrega Medina.

En efecto, ese es el principal reclamo. Los damnificados están hartos de las excusas y las largas. Quieren sus casas, ya. Pero luego de que en septiembre del año pasado se detectaran una serie de irregularidades en la entrega de la subvención de S/. 6.000 (Bono 6000) que el gobierno dispuso se dé a quienes perdieron sus hogares, su único plan para la reconstrucción de viviendas naufragó por completo.

Desde entonces, los funcionarios de Vivienda navegan a la deriva. Recientemente, el ministro de Vivienda, Francis Allison, confesó que su despacho todavía se halla diseñando un nuevo mecanismo que permita reiniciar la entrega del Bono 6000.

“Sabemos que existe un compromiso por parte del Estado con las familias damnificadas, pero también debemos velar por que esta ayuda llegue a las personas que lo necesitan. No podemos permitir que sea aprovechada por inescrupulosos”, sostuvo.

Nadie está de acuerdo con las cifras de viviendas que deben ser construidas. Ni siquiera entre las entidades públicas existe consenso. De acuerdo con el documento del Ministerio de Vivienda de fines de abril del 2008, titulado “Política y Plan del Sector Vivienda para la Reparación Temprana y Reconstrucción del Sismo del 15 de agosto del 2007”, el terremoto destruyó unas 52.154 casas y afectó a 140.338, de las cuales 23.632 debían declararse inhabitables. Por ello, se calculaba que debía levantarse unas 75.786. Según estos datos, para el gobierno, luego de la tragedia, unas 320.000 personas se habrían quedado sin hogar, y por tanto el Estado debía apoyarlas.

Estos datos difieren de un informe elaborado por el Instituto de Defensa Civil (Indeci), del 1 de octubre de 2007. En él se establece que 88.434 casas se vinieron abajo totalmente, y 44.123 fueron afectadas seriamente, lo que da un total de 132.557 viviendas destruidas. Es decir, existirían unas 662.000 personas sin techo. Si estos cálculos son correctos, la diferencia es de casi 100% con la cifra señalada por Vivienda.

La discusión no es ociosa. Todo lo contrario, estamos hablando de que es probable que unas 300.000 personas se queden sin atención de ningún tipo, en caso el Indeci tenga razón.

El plan hace agua

Para atender semejante demanda, el gobierno decidió, como ya se dijo, subsidiar. Entregar los famosos Bonos 6000. Para acceder a ellos, los pobladores debían, primero, ser empadronados para luego obtener el certificado de damnificado. El portal Voces de la Reconstrucción asegura que en Chincha se entregaron 16.271 certificados; en Pisco, 8.088; y en Ica, 14.771. De todos ellos, solo unos 18.700, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, recibieron bonos hasta el 25 de julio último.

La gran incógnita radica en saber cuántas casas se construyeron realmente luego de entregados los 18.700 bonos. En todo caso, se espera que los resultados sean mejores que los obtenidos mediante el programa que usó a las vilipendiadas Unidades Técnicas. En realidad, empresas constructoras que recibían los bonos y a cambio ellos se encargaban de erigir las viviendas. A la fecha, por esta modalidad solo 547 hogares han sido terminados, 426 se hallan en ejecución y unos 6.860 se encuentran supuestamente en estado de “proyecto”. Estos números explican por qué tanta gente se siente estafada con este sistema (vea la página siguiente).

La ineficacia de este programa de reconstrucción no fue la causa de que saliera de circulación. Fueron las denuncias de malos manejos, corrupción e irregularidades las que lo descarrilaron.

Tras hacerse varias denuncias públicas, el Congreso creó una comisión encargada de investigar el funcionamiento del programa. Sus conclusiones, presentadas en mayo último, fueron contundentes. Se encontró responsable al ex gerente general del Banco de Materiales, José Luis Qwistgard Suárez, de no supervisar adecuadamente la entrega del bono. En el informe se acusa a Qwistgard Suárez del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Además, se sostiene que los alcaldes de Lunahuaná, Cerro Azul, Chilca (Cañete, Lima), Grocio Prado, Pueblo Nuevo (Chincha), Parcona y San Juan Bautista (Ica), cometieron el delito de abuso de autoridad por haber emitido constancias de damnificados a personas que no cumplían con los requerimientos de ley.

La investigación congresal logró determinar que 402 personas se beneficiaron ilegalmente con la entrega de este subsidio. Y como siempre, las pérdidas fueron para el Estado. Estas irregularidades representaron la desaparición de S/. 2.418.000.

En sus recomendaciones, la comisión del Congreso sugiere a la Fiscalía que ahonde las investigaciones y le pide que inspeccione los inmuebles favorecidos con el Bono 6000, para que constate que lo recibieron y usaron adecuadamente.