La noche de los generales

El pasado 29 de enero hubo una ceremonia singular en el Pentagonito. El alto mando del Ejército se reunió en pleno para rendir un homenaje a un general de brigada que durante 14 años soportó acusaciones de narcotraficante.

En los años noventa, la prensa crítica al régimen de Fujimori creía que Eduardo Bellido Mora había sido el peón puesto en el Frente Huallaga por su cuñado, el inamovible comandante general del Ejército Nicolás de Bari Hermoza, para recaudar los cupos que los narcotraficantes entregaban a los generales de la argolla de Vladimiro Montesinos. Bellido comandó las operaciones antisubversivas en el oriente durante 1992 y 1993, y se suponía que su compinche era Demetrio Chávez Peñaherrera, El Vaticano, quien bajaba y subía avionetas a voluntad en Campanilla, a pocos kilómetros de su puesto de comando, en una pista de aterrizaje especialmente construida para el transporte de droga. El Vaticano fue capturado a fines de 1993, y poco después Bellido Mora fue nombrado agregado militar en Israel, donde estuvo dos años.

–Claro –dedujeron, sin excepción, los periodistas investigadores–: es el premio por haber recaudado el botín, que pondrá a buen seguro en el exterior. Y también lo mandan afuera para protegerlo por si El Vaticano suelta la lengua.

No obstante, empezaron a salir publicaciones incriminatorias sobre el “narcogeneral”, y entre 1994 y el 2002 se escribieron 252 artículos que lo vinculaban a las mafias. En abril del 2001, bajo presión de la Procuraduría Anticorrupción, que asumió como probables la lluvia de acusaciones, un juez dictó orden de detención en su contra, y a partir de entonces Bellido Mora vivió seis años en la clandestinidad. Recién a fines del 2008 la Corte Suprema lo declaró inocente. En el camino, se fueron cayendo las imputaciones. Para comenzar no era cuñado, ni pariente, ni compadre, de Nicolás de Bari Hermoza Ríos.

Ahora se sabe que fue Bellido Mora quien, a pocas semanas de haber asumido el mando del Frente Huallaga, concluyó, tras una investigación preliminar, que el anterior comando había sido cómplice de El Vaticano y protegido sus operaciones en Campanilla. Acto seguido inició el proceso judicial que terminó incriminando al ex jefe político militar, el general Jaime Ríos Arauco. Hasta el final de su mandato había denunciado por narcotráfico a 23 oficiales, 9 subalternos, al alcalde y al gobernador de Uchiza. Existe documentación sobre las facilidades que permitieron a El Vaticano realizar 280 vuelos con droga entre 1990 y 1991, así como sobre la persecución que lo obligó a fugar de Campanilla luego de que fuera destruida su pista de aterrizaje en 1992. Y resultó que el primer operativo militar contra Chávez Peñaherrera fracasó por una infidencia de quien sería después el principal acusador de Bellido Mora: el mayor Evaristo Castillo.

De acuerdo con documentación que se ha tenido a la vista para este artículo, hubo un tenso intercambio de cartas entre Bellido Mora y su Comandante General, por la negativa de este a permitir que el acusado se defienda de las difamaciones de que era objeto. Desde Israel, Bellido Mora quería regresar para tal efecto, pero Hermoza Ríos no quería permitírselo.

–Hágalo bajo su responsabilidad –le escribió finalmente–. Pero no tendrá el apoyo del Ejército.

¿Qué puede explicar tantos mitos durante tanto tiempo? Hasta sus propios camaradas de armas dudaban del acusado. En el 2001, la Adogen, la asociación de oficiales generales de las Fuerzas Armadas en el retiro, expulsó a Bellido Mora junto con Hermoza Ríos, y publicó un comunicado público informándolo. Ahora ha vuelto a reincorporarlo. Podría pensarse que esta reparación, junto con el homenaje por todo lo alto que le hizo el Ejército, pusieron punto final a su caso.

Pero no fue así. El general Bellido debe responder por dos matanzas cometidas supuestamente por el Ejército en Tingo María, en 1992. Es uno de esos procesos cuya duración es imposible de determinar. Al cabo del mismo es posible que se convierta en el militar más largamente enjuiciado del Ejército.

El 24 de junio de 2003, dos meses antes de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyera sus funciones, el general Bellido Mora recibió una carta de su presidente, Salomón Lerner, citándolo para “conocer su versión de los hechos de violencia ocurridos en 1992, cuando se desempeñó como jefe del Frente Huallaga”. Bellido no podía ir, porque vivía en la clandestinidad a causa de la acusación por narcotráfico, y respondió solicitando detalles de la información que la CVR deseaba. El 25 de agosto, seis días antes de que la comisión dejara de existir legalmente, recibió otra carta de Lerner, informándole que era presunto responsable de ejecuciones extrajudiciales de un gran número de pobladores de la margen izquierda del río Huallaga en 1992. Le pedía, además, en un plazo no mayor de siete días, una versión por escrito de los hechos, para remitirla al Ministerio Público.

¿De qué hechos? La carta de respuesta del general, de cuatro párrafos, transmite perplejidad. No tenía ninguna información concreta sobre la imputación. Lo supo al leer el informe, publicado en los días siguientes. En el capítulo referido a ejecuciones en la margen izquierda del río Huallaga, la CVR hace referencia a violaciones indiscriminadas de los derechos humanos durante operativos militares dirigidos contra Sendero Luminoso entre 1989 y 1994. Entre ellas, matanzas de 9 y 24 personas en Bambú y Pozo Rico, cometidas al parecer por miembros del Ejército en 1992.

El informe sostiene que estas ejecuciones solo pudieron efectuarse con conocimiento de los altos mandos, entre ellos Eduardo Bellido Mora para los años de 1992 y 1993. En febrero del 2007, el fiscal provincial de Leoncio Prado lo acusó penalmente, junto con decenas de oficiales y subalternos. La prueba ofrecida al juez fue la parte correspondiente del informe de la CVR, en el que no estaban suficientemente precisadas las circunstancias y las responsabilidades de los distintos comandos y del personal operativo. Así como en muchos casos este informe dio pie a hallazgos trascendentales en la indagación judicial, como el descubrimiento de cadáveres en el cuartel de Ayacucho, en otros se ha revelado insuficiente e inexacto, principalmente cuando los fiscales lo asumieron casi íntegramente para sustentar sus incriminaciones preliminares, sin hacer su parte en la investigación.

En una carta enviada a fines del 2003 a la entonces fiscal de la Nación, Nelly Calderón, el general Bellido Mora demostró 15 errores evidentes de información de la CVR concernientes a su comando. Junto con datos ciertos, había confusiones de años, de cifras, de responsabilidades. Principalmente se daba como ciertos para el período de Bellido deficiencias que correspondían comprobadamente a la gestión anterior, y se ignoraban logros que otras partes del informe de la CVR le reconocían. Por ejemplo, que durante su período barrió al MRTA y lo aisló de la población, con una política promotora del arrepentimiento de terroristas y de acercamiento a la gente “que sirvió para limpiar la mala imagen de las Fuerzas Armadas” (Tomo V, página 332). En todo caso, si Bellido Mora se hizo propaganda como defensor de los derechos humanos como tapadera para encubrir acciones militares criminales, lo cual está dentro de lo posible, el documento no exhibía un solo testimonio consistente en ese sentido. Así pues, el Ministerio Público, tras copiar lo dicho por la CVR, formuló la denuncia. Por estas deficiencias, en abril del 2007 la jueza María León devolvió el expediente al fiscal de Leoncio Prado, exigiéndole, de acuerdo a ley y citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, individualizar a los presuntos autores de las matanzas y describir con suficiente detalle los hechos punibles que se atribuyen a cada uno de los imputados, así como el material probatorio en que se fundamentan.