Diez mil coliformes y un millón de dólares

La descarga orgánica de 9 millones de habitantes de Lima cae al mar, al pie de la ciudad. La urbe defeca a un promedio de 18 metros cúbicos por segundo. Cuando uno aprecia la Costa Verde desde Miraflores o San Isidro esto parece mentira, pero el enemigo submarino está allí, disolviéndose a pocos metros de las playas y perjudicando la salud de los habitantes. Sin embargo, las cosas estuvieron pensadas para que las siete grandes cloacas de Lima se reorientaran hacia los extremos de la bahía, de modo que los excrementos acumulados descargaran en las zonas más pobres y las clases medias –al centro– pudieran tener su mar menos contaminado. El 60 por ciento va al norte, a la playa Taboada, al final de la avenida Faucett, y el resto a La Chira, detrás del Morro Solar. La sensación de quien vive por allí es muy distinta de la del residente de los edificios del malecón Cisneros.

–No es posible ser feliz aquí, inquilino en un desagüe –dice, por ejemplo, Alejandro García, un universitario que vive frente al mar, pero en Taboada–.

Para que los desechos fueran hasta Taboada se construyó una costosa y extensa tubería que atraviesa Lima y en su camino recibe las evacuaciones de 24 distritos. Es el famoso Interceptor Norte, que en las horas de mayor tráfico orgánico –seis a nueve de la mañana, ocho a nueve de la noche– echa al mar 20 metros cúbicos de aguas contaminadas por segundo. Aquí, de acuerdo con el plan de Sedapal, tendría que construirse una gran planta de tratamiento de inmundicias. La obra debería ser de tal magnitud que las aguas negras se volvieran claras y el mar de la zona quedara vivo, descontaminado. Al otro lado, en La Chira, tendría que construirse otra gran planta para tratar el restante 40 por ciento de los desagües. Y así, colorín colorado, el problema se habría solucionado.

Pero en el camino ocurrió algo digno del primer gobierno de Alan García. ¿Imprevisto? Ustedes dirán.

En el 2007 Proinversión declaró de interés la inversión privada en la planta de Taboada. Al año siguiente, siete empresas se presentaron a competir, y en febrero pasado la agencia estatal adjudicó el proyecto al poderoso grupo español Actividades de Construcción y Servicios (ACS), que dirige el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. ACS había dejado en el camino nada menos que a Odebrecht, el gigante brasileño que hizo la Interoceánica y construirá el reservorio de Olmos. Odebrecht tiene tantos amigos en el gobierno que entre los apristas circula el chiste de que una vez Alan García le ofreció a uno de ellos el ministerio de Vivienda, y su respuesta fue:

–Muito obrigado.

Luego del acto de apertura de sobres con las ofertas económicas, cuando se hizo evidente que Odebrecht había perdido por apenas 100.000 dólares –la obra costará 170 millones–, los representantes brasileños hicieron públicas sus objeciones a la manera en que se había llevado la licitación. Las presentaron formalmente, pero después retiraron la impugnación. Libre el camino, Proinversión anunció que se firmaría el contrato el 18 de mayo. Pero ese día no ocurrió nada.

Pasó mayo, junio, julio está por finalizar, y el contrato no se firmó. En el ínterin, empezaron a circular informes oficiales sobre el incumplimiento de normas ambientales por parte de la propuesta ganadora. Mientras la opinión pública se conmocionaba con los sucesos de Bagua, en el mundillo interno gubernamental se vivía la tensión de un partido aparte. Se hablaba de la mano peluda de Odebrecht, de las amenazas de litigio internacional de los españoles. Para entonces Florentino Pérez ya era Presidente del Real Madrid –asumió el 1 de junio– y empezaba a constatar que contrataba a Ronaldo, conquistaba a Kaká, pero no podía con Sedapal. Que las preocupaciones venían por todo lo alto lo confirmó el propio Alan García cuando, antes de pedir opiniones sobre el diferendo a sus ministros, dijo:

–Me han llamado el Rey, Lula y el Real Madrid. Tenemos que resolver esto. ¿Qué informes hay sobre el caso?

Esto fue antes de que las cosas tomaran su giro más lamentable. Antes de que desde el Ejecutivo se lanzaran dos decretos de urgencia contradictorios. Antes de que el nuevo ministro de Vivienda, Francis Allison, dijera en el gabinete que habían querido sobornarlo con un millón de dólares.

Odebrecht hizo la propuesta inicial de la planta de Taboada en el 2006, luego de que el MEF incluyera la obra en una modalidad de promoción de la inversión privada. De acuerdo a ley, el autor de la iniciativa podía ejecutarla si luego de ser publicada durante 30 días no había otros interesados. Aparecieron siete, lo que obligó a un concurso público. En estos casos, si el autor de la iniciativa pierde, se le devuelven los gastos que hizo para hacer la propuesta. Odebrecht concursó, y por lo visto estaba segura de que iba a ganar.

Vista ahora su propuesta, no es difícil convencerse de que técnicamente es atractiva. Comienza con un proceso que remueve los sólidos flotantes, arenas y grasas, en una pequeña planta en tierra al pie del Interceptor Norte. Los fluidos pasan a otra planta contigua, en la que reciben tratamiento primario químicamente asistido que remueve el 50 por ciento de la carga orgánica y la mayor parte de los sedimentos. En una tercera cámara el efluente es sometido a una desinfección final, antes de ir al mar a través de un tubo submarino.

El sistema de ACS, en cambio, coloca cuatro rejillas en el extremo del Interceptor Norte que da a la playa Taboada, y que van, de menos a más, reteniendo los residuos sólidos. Es un sistema de coladores sucesivos que dejan las aguas negras en una represa en la que reciben tratamiento con cloro. Eso es casi todo. El agua aún contaminada ingresa al océano desde la playa por un emisor de tres kilómetros y medio que llega a 14 metros de profundidad en el otro extremo, donde evacua. Este tubo tiene en sus 1.000 metros finales ventanas que permiten el contacto de los residuos con las sales marítimas, lo que, por las propiedades de estas, permite la desinfección final.

Luego de que Proinversión declarara vencedores a los españoles, las objeciones se basaron en informes técnicos que sostienen que el sistema de ACS no desinfecta lo necesario, no en todo caso en los niveles que exige la actual legislación. Pero ¿dónde estaban esos informes antes del proceso? ¿Qué dijeron antes los que ahora se oponen? ¿Por qué Odebrecht impugnó el proceso y luego retiró su pedido?

De los siete interesados inicialmente, solo tres postores presentaron ofertas técnicas y económicas: ACS, Odebrecht –que participaba asociado con Keppel de Singapur– y el consorcio Agessbio. El 25 de febrero, Proinversión declaró aptas las propuestas técnicas, de modo que las tres compañías quedaron con igualdad de puntaje para competir en la oferta económica, que sería decisiva. Hasta entonces todo parecía sobre ruedas, pero Odebrecht había venido pidiendo que se conocieran todas las propuestas técnicas, basándose en la ley de transparencia. El pedido fue rechazado por Proinversión, aduciendo la reserva del proceso. En el fondo, Odebrecht “sospechaba” que sus competidores no cumplían con un decreto supremo expedido luego de la convocatoria a la licitación, que estableció que las aguas tratadas por la planta de Taboada no podían tener más de 10.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros. Este decreto, el 042, del 3 de septiembre de 2008, se convirtió, antes y después del otorgamiento de la buena pro, en un motivo de discusión.

La propuesta de Odebrecht, que se basa en un tratamiento químico de los desechos en plantas en tierra, permite comprobar fácilmente que el agua que llega al mar, a pocos metros de la playa, está descontaminada. En cambio, una propuesta que lleve los desechos en un tubo emisor varios kilómetros mar adentro y descargue a nivel submarino para que las sales marinas terminen el proceso, en rigor no bota agua descontaminada. Esta agua se descontamina luego, tras el contacto con el mar. En otras palabras, no hay forma de medir la cantidad de bacterias que caen al mar al cabo de un tubo de tres kilómetros y medio y a 14 metros bajo el nivel del mar –el propuesto por ACS– como pide el 042. Varios buzos sumergidos no podrían medir si en cada 100 mililitros hay más de 10.000 coliformes fecales por segundo. La eficacia de estos tubos emisores se mide a 300 metros de la playa, donde el límite máximo permitido, según la Organización Mundial de la Salud, baja a 4.000 coliformes fecales.