El Codigo Riva Agüero

En Ciudad del Vaticano, ante la pregunta de una periodista de la agencia Zenit sobre las universidades católicas, el cardenal Juan Luis Cipriani respondió: –Nadie puede decir “este es un automóvil Toyota” si la fábrica Toyota no le pone la marca.

La frase explica una parte de las contradicciones que mantiene el Arzobispado de Lima con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El Vaticano es la Toyota, y le está exigiendo condiciones a la PUCP para que continúe llevando su marca. El rector, Luis Guzmán Barrón, acabará este año su quinto año de gestión y será el primero en la historia del centro de estudios que no ha sido reconocido por el Papa.

La disputa, por el lado eclesiástico, se centra en si la PUCP, fundada por un sacerdote de los Sagrados Corazones y laicos católicos, ha asumido o no en su integridad la Ex corde Ecclesiae, una Constitución para las universidades católicas que aprobó Juan Pablo II y que contiene principios y normas de obligatorio cumplimiento. En sus primeras décadas la PUCP dependía del arzobispo de Lima para sus decisiones fundamentales, pero desde el gobierno militar de los sesenta cambió de régimen para autogobernarse de acuerdo con la ley.

“Los militares le expropiaron la Universidad Católica a la Iglesia”, ha dicho Cipriani. “Y a diferencia del resto de expropiaciones –añadió–, acá no ha habido devolución”. Desde que fue nombrado arzobispo, en 1999, Cipriani busca que la PUCP respete el orden canónico, un objetivo que, según su posición, no tuvieron sus antecesores, Luis Vargas Alzamora y Juan Landázuri Ricketts.

Luego de que la universidad fuera declarada “pontificia” por el Vaticano, en 1942, Landázuri fue nombrado Gran Canciller, un cargo que ahora es honorario y que antes seleccionaba la terna de candidatos para que el Papa nombrara al rector, designaba al pro-rector y aprobaba cualquier obligación económica importante.

Pero en sus memorias (Recuerdos de un pastor al servicio de su pueblo, Realidades, 1994), en el capítulo dedicado a la PUCP, Landázuri pasa por el período militar sin escribir una línea sobre el salto de la institución al mundo laico. El conflicto que resalta es el que lo llevó a renunciar al cargo de Gran Canciller, en 1973, cuando, según escribió, “un profesor y alta autoridad quebró su matrimonio y contrajo otro compromiso”. Aludiendo, sin identificarlo, al abogado Jorge Avendaño, Landázuri añadió:“Renunció a un cargo administrativo, pero persistió en retener la cátedra, lo que la universidad no evitó. Pensé que no podía avalar esta situación y renuncié a ser Gran Canciller”.

Fue la mayor crisis entre la PUCP y la Iglesia católica, hasta la de hoy. Avendaño, que es un prestigioso miembro de la Facultad de Derecho y representa legalmente a la PUCP, pudo quedarse en la universidad por el apoyo de los profesores y los alumnos. En cuanto a Landázuri, poco antes de su retiro aceptó volver a ser Gran Canciller.

Monseñor Augusto Vargas Alzamora tampoco hizo cuestión de estado. Cuando en 1991 fue promulgada Ex corde Ecclesiae, contribuyó para que los estatutos de la universidad se adecuaran a esta Constitución encuadrada en el derecho canónico, y como arzobispo de Lima dio su visto bueno a un conjunto de reformas aprobadas en 1998. Él mismo participó en la asamblea universitaria correspondiente, aprobando los cambios y presidiendo la mesa de honor.

Pero Vargas Alzamora no pudo evitar que Juan Luis Cipriani fuera designado como nuevo arzobispo de Lima, luego de que renunciara al cargo en enero de 1999, al cumplir 75 años. Antes de su retiro se le escuchó referir que el Primer Ministro del Vaticano, Ángelo Sodano, le había asegurado que no nombrarían a alguien confrontacional, y que hasta podría quedarse excepcionalmente un tiempo más como arzobispo. En realidad Sodano, sostienen fuentes del Episcopado, jugaba con Cipriani y con el Opus Dei.

En la PUCP, en un ambiente antifujimorista, el nuevo cardenal era percibido como un aliado del régimen y un enemigo de los derechos humanos, pero hubo cordialidad cuando el rector Salomón Lerner lo reconoció como Gran Canciller en abril de ese año, ante el claustro reunido. En su discurso, Cipriani resaltó que la universidad sea considerada “una de las mejores, si no la mejor, del Perú”.

En privado, sin embargo, no ocultaba su preocupación por la catolicidad de la universidad. “Es demasiado laica”, decía. A continuación el cardenal solicitó a Lerner una oficina para el Gran Canciller en los ambientes del Rectorado. Lerner respondió que los estatutos de la universidad no permitían una figura de ese tipo. Según una versión no confirmada –y negada por una fuente del Arzobispado–, deseaba también dar el visto bueno al nombramiento de autoridades académicas.

–Fui a una reunión donde nos explicaron eso –dijo para este artículo un profesor–. ¿Te imaginas a Cipriani aprobando nombramientos? Este no por comunista, este no por divorciado, este otro no por gay…

De todos modos, Salomón Lerner aceptó discutir con el cardenal una posible modificación de estatutos aceptable para el Vaticano. Acordaron formar una comisión: Cipriani nombró a tres delegados y el rector a otros tres. Entre junio, julio y agosto de 1999, se reunieron en siete ocasiones, y lo que resultó de aquellos encuentros, o más bien lo que no resultó, tuvo mucho que ver con los acontecimientos posteriores.

El 10 de junio de 1999, cuando comenzaron las reuniones en las oficinas del Centro Cultural de la PUCP, en San Isidro, el ambiente era de cordialidad. Así fue hasta el final. Todos se conocían, todos eran colegas, algunos hasta amigos. El ex Primer Ministro del período democrático de Fujimori, Alfonso de los Heros, integraba la delegación del cardenal junto con el vicerrector de la Universidad de Lima, Augusto Ferrero, y el experto en derecho de familia Fernando Varsi. Representaban al rector de la PUCP el ex decano de la Facultad de Derecho Lorenzo Zolezzi y los abogados Miguel de Althaus y Rogelio Llerena. En aquella primera vez quedaron definidos los puntos sobre los que giraría la discusión.

En las siguientes reuniones fueron perfilándose los asuntos en los que podía haber consenso. Era factible, por ejemplo, en lo tocante a las funciones del Gran Canciller, para el que se destinaba un papel honorario, aunque el cardenal quería enfatizar más su rol de fortalecimiento del carácter católico de la universidad. Era posible consensuar la elección del rector. Si bien no iba a ser elegido por el Papa, podía establecerse que la Asamblea Universitaria escuchara, antes de nombrarlo, la opinión del Gran Canciller. Tampoco sería problemático el tema de la catolicidad de los profesores. Los delegados de la PUCP aceptaron que se comportaran de acuerdo con las normas del derecho canónico, que exige “rectitud en la doctrina” e “integridad de vida”.

El grupo no pudo avanzar en tres puntos en los que, finalmente, no habría acuerdo. Los abogados del Arzobispado planteaban que la PUCP asumiera íntegramente el Código Canónico y las normas del Vaticano en materia de educación, o sea la Ex corde Ecclesiae, cuando la Universidad considera que tiene totalmente asumidos esos principios desde 1998. Querían además que el Vaticano aprobara los cambios estatutarios, y que el cardenal diera su aprobación a la compra y venta de bienes de la universidad. La PUCP, sin embargo, no quería dejar su carácter de persona jurídica de derecho privado canónico, que habla por sí misma y con su discurso no compromete a la Iglesia católica. Y que, además, maneja con independencia sus bienes. Respecto de las normas del Vaticano, preferían aceptar varias específicas, incorporándolas a sus estatutos, a admitir generalidades que los entregaban al derecho canónico.