La marihuana, ¿un asunto personal?

Si usted es descubierto consumiendo marihuana en Argentina, podría ser enviado a prisión hasta por dos años, bajo una de las leyes antidrogas más duras de la región, heredada de la dictadura. En Brasil, en cambio, no caerá tras las rejas, pero tiene que pagar su falta con una multa y trabajo comunitario, mientras en México puede también eludir la cárcel e ir a rehabilitación si logra que un experto certifique que usted es un adicto.

Otros países en América Latina son mucho más permisivos: en Chile, al igual que en Uruguay, no tendrá ninguna sanción siempre que consuma marihuana exclusivamente usted y en privado, mientras en Colombia puede poseer sin problema hasta 20 gramos de la droga como dosis personal.

La legislación sobre el uso personal de marihuana (Cannabis sativa) se ha ido reformando en los últimos 15 años en la región, a la par que han crecido su consumo y su producción. Según las Naciones Unidas, los dos mayores productores de la planta hoy son latinoamericanos: México y Paraguay.

La marihuana figura en la farmacopea china desde hace miles de años y es considerada por sus defensores como una droga “blanda” con probadas bondades medicinales. Pero engrosa desde hace cuatro décadas la lista de la ONU de sustancias prohibidas, ha sufrido mejoras genéticas que aumentan su poder adictivo y alimenta el multimillonario y perverso negocio ilícito del narcotráfico.

Por mucho tiempo los gobiernos de la región no han sabido qué hacer con los consumidores de la “hierba”, “mota” o “porro”, como se conoce a la planta: ¿llenar las cárceles con adictos y fumadores recreacionales o despenalizar la posesión de la dosis personal con la esperanza de que programas de rehabilitación disminuyan el consumo?

El dilema no es menor y en los últimos meses el debate regional sobre el tema cobró nuevo impulso. Tres presidentes –Cristina Fernández de Argentina, Felipe Calderón de México y Manuel Zelaya de Honduras– anunciaron planes para despenalizar el consumo personal, causando revuelo en sus respectivas sociedades, agobiadas por la violencia del narcotráfico. En Brasil, nueva jurisprudencia sentó precedentes para ir más allá de la reforma del 2006 y desaparecer incluso la multa económica para quien consume la hierba, mientras Bolivia promueve una amplia reforma a la polémica Ley 1008, dentro de un proceso de “nacionalización” de su estrategia contra el tráfico de estupefacientes.

En contraste, en los países ahora más permisivos hay reclamos para echar reversa. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe insiste una vez más en dar marcha atrás a una reforma de 1994 y volver a penalizar el consumo personal, mientras el gobierno de Michelle Bachelet en Chile inició en noviembre una audaz y controvertida campaña contra los fumadores jóvenes de marihuana, que los presenta como incapaces siquiera de sacar un cuaderno de una mochila.

Cuestión de libertad individual

“El Estado no tiene derecho a definir lo que hagamos con nuestros cuerpos si no faltamos el respeto al derecho ajeno. Creo que debemos aprender a vivir con el hecho de que sí, en efecto, hay individuos que se drogan”, dijo a PODER Enterprise Luiz Paulo Guanabara, director de Psicotropicus, una respetada organización de expertos en salud con sede en Río de Janeiro que aboga por modificar el acento represivo de la legislación antidrogas en Brasil.

El concepto que comparte Guanabara está en el centro de la visión antiprohibicionista: la reafirmación de la libertad individual como pilar de un Estado democrático de derecho.

Esta corriente sostiene que el consumo de drogas es un acto que compete solo a la esfera privada y que la represión contra los usuarios no ha arrojado ningún resultado positivo sino que más bien ha exacerbado los niveles de violencia social. En el 2006, el Parlamento brasileño aprobó reformas a la ley y eliminó las sentencias de cárcel para los consumidores, pero mantuvo otro tipo de sanciones, es decir, el uso de marihuana sigue criminalizado.

“Según la ley actual los usuarios de drogas aún siguen cometiendo un delito y uno de los grandes vacíos es que no se especifica cuál es la cantidad de droga considerada para consumo personal”, señala Guanabara. Así, distinguir a un usuario de un traficante queda a discreción de la autoridad. Piscotropicus promueve que se despenalice el consumo personal de marihuana, droga de uso extendido en Brasil.

En mayo, un tribunal de apelaciones de Sao Paulo declaró la inconstitucionalidad de la actual ley en materia de consumo personal de drogas, lo que sentó precedentes para la despenalización. El tribunal falló desechando la sentencia de dos años y medio de prisión como narcotraficante para el ciudadano Ronaldo Lopes, quien fue sorprendido con 7,7 gramos de cocaína –según él, para uso personal– en vísperas del Carnaval en el 2007. El tribunal dijo: “No se puede admitir cualquier intervención estatal, principalmente de índole represiva y de carácter penal, en el ámbito de las opciones personales, máxime cuando se pretende imponer una pauta de conducta en la esfera de la moralidad”.

Algunos sectores calificaron el fallo como “un momento notable de la historia judicial” de Brasil, pero otros adujeron que envió el mensaje errado (“portar droga no está mal”), lo que podría disparar el consumo en un entorno de débiles programas de rehabilitación y prevención, corrupción policíaca y pobreza.

Fallos similares se han registrado en Argentina, donde el uso personal de estupefacientes fue penalizado a partir de 1974, mediante una ley que se mantuvo durante toda la dictadura militar. Entonces se castigaba a los usuarios con hasta seis años de cárcel y la edad de imputabilidad era de 14 años. Con el retorno a la democracia, se hizo una tímida reforma a mediados de la década de 1980 y se bajó la pena para los consumidores a entre uno y dos años de prisión.

En el 2004, la legisladora Diana Conti presentó un proyecto de ley para dejar de castigar el consumo personal, argumentando que la penalización viola el artículo 19 de la Constitución Nacional, que reza: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Según Conti, deben separarse los ámbitos de las políticas de salud y del derecho penal. La justicia debe perseguir a los narcotraficantes y el Ministerio de Salud ayudar a los adictos a superar su enfermedad. Datos oficiales señalan que 6,9% de la población argentina de 12 a 65 años probó alguna vez marihuana y que 70% de los ingresos al sistema penal por drogas están vinculados con el uso personal y no con el tráfico.

La propuesta de Conti no prosperó, pero las leyes no están hechas de piedra y Cristina Fernández de Kirchner, quien en diciembre cumplió un año en la presidencia en Argentina, tomó la bandera.

Hay que “perseguir a quienes venden las drogas” en lugar de tratar como “delincuentes” a los consumidores, dijo la mandataria al avalar el proyecto de despenalización de su ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Dicha postura causó reacciones encontradas. Incluso varios en su círculo íntimo se oponen, entre ellos José Ramón Granero, titular de la secretaría antidrogas (Sedronar). Aníbal Fernández calificó a sus críticos como “trogloditas”.

Dosis personal

En México, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso su propio proyecto para despenalizar el consumo personal. Asediado por la más cruenta ola de violencia del narcotráfico, que ha cobrado más de 5.000 vidas, el mandatario propuso que no se ejerza acción penal contra los consumidores que posean una cantidad menor o igual a 2 gramos de marihuana, siempre que se sometan a tratamiento médico para tratar su fármacodependencia. La propuesta cobija a otras drogas para las que también establece dosis mínimas: 50 miligramos de heroína, 500 miligramos de cocaína y 0,015 miligramos de LSD, entre otras.