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En defensa propia

¿Qué hay detrás de la creación del Consejo de Defensa Sudamericano? ¿Hasta dónde llegarán sus atribuciones?

Por María Amparo Lasso
EFE

HERRAMIENTAS

Si cerca de un millón de soldados sudamericanos comenzaran a coordinar esfuerzos de defensa lejos de la tutela de Washington y de la mano de Brasilia, cambiaría el panorama de la cooperación militar y de seguridad en el continente. Los países de la subregión podrían, por ejemplo, gestar su propia industria militar y dejar de hacer “compras de armas de supermercado” a las grandes potencias. Podrían capacitarse entre sí en lugar de ir a Fort Benning, compartir inteligencia sin intromisión de la CIA y desplegar misiones de paz en zonas de conflicto, como la hoy hostil frontera colombo-ecuatoriana. Y podrían, eventualmente, combatir mejor el narcotráfico y el crimen organizado.

Estas son aspiraciones del flamante Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), una iniciativa de Brasil que vio la luz el 18 de diciembre de 2008 durante la cumbre de los doce países de Unasur, Unión de Naciones Suramericanas, una instancia también en pañales.

El Consejo fue visto en un inicio como una especie de OTAN sudamericana, destinada a frenar la influencia estadounidense en la región, tal como lo venía proponiendo el presidente venezolano Hugo Chávez. Al final, en el texto aprobado por la Unasur, dominada por gobiernos de centro-izquierda e izquierda, el Consejo se asemeja más a un mecanismo político que a una alianza militar clásica.

Javier Ponce, ministro de Defensa de Ecuador, país que a partir de abril de este año asumirá la presidencia pro-témpore de la Unasur y, por tanto, liderará el proceso del Consejo, afirmó a PODER: “Está claro que el Consejo no es una OTAN ni pretende crear una fuerza armada latinoamericana. Vemos al Consejo como un espacio de reconstitución de un consenso sudamericano que reemplaza escenarios que han entrado en crisis, como el TIAR o la OEA, que cada vez responden menos a las dificultades que vive la región”, dijo Ponce.

Pero el Consejo es en realidad una criatura de Brasil, que dedicó casi todo el año pasado a un agresivo cabildeo para concretarlo. Convencido de hacer de su país un auténtico líder global, con derecho a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de lanzar una estrategia nacional de defensa para remozar su industria militar y acrecentar su influencia.

Lula encomendó vender el proyecto del Consejo a su ministro de Defensa, Nelson Jobim, quien hizo un periplo por la subregión. Uno a uno, Jobim fue convenciendo a sus pares, incluso en la reticente Colombia. Sus constantes referencias a una reunión que mantuvo en marzo pasado con su homólogo de Estados Unidos, Robert Gates, donde le dijo que debería “mantenerse al margen” del Consejo, suscitaron aplausos en más de una audiencia.

La gira de Jobim coincidió con las secuelas del bombardeo por parte de Colombia de un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano el 1.o de marzo, que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. También se dio en momentos en que EE.UU. revivió la IV Flota para acciones narcoterroristas en la región.

Con patente brasileña

“El Consejo de Defensa es una nueva pieza en la estrategia más amplia de Brasil de reafirmar su liderazgo regional. Comprensiblemente, como el mayor poder económico en América Latina, Brasil está moviéndose para fortalecer su posición diplomática y política”, señaló a PODER Michael Shifter, vicepresidente de Diálogo Interamericano, centro de estudios con sede en Washington.

Un vecindario donde resurgió la carrera armamentista: Venezuela, Colombia, Chile e incluso Ecuador han estado muy activos remozando en los últimos dos años sus fuerzas militares. Chávez ha invertido unos US$4.000 millones en compras de armas a Rusia. En contraste, el gasto militar brasileño se ha mantenido estancado. “No nos preocupa la fortaleza de nuestros vecinos, sino nuestras debilidades”, declaró hace poco Roberto Mangabeira Unger, ministro de asuntos estratégicos y arquitecto del nuevo plan nacional de defensa de Brasil.

El plan apunta a restaurar el brillo de la industria militar brasileña, que tuvo su época dorada en los años de la dictadura militar (1964-1985), cuando fue uno de los principales exportadores de armas del mundo. Pero la estrategia ha despertado un amplio debate en Brasil.

“Hay contradicción entre producir armamento en gran escala y, al mismo tiempo, tener una posición a favor de la paz en el mundo, uno de los fundamentos de la política exterior brasileña”, dijo a PODER Fernando Gabeira, diputado brasileño de oposición y ex candidato a la alcaldía de Río de Janeiro. Como muestra, menciona el caso de las bombas racimo o de dispersión que Brasil sigue exportando y produciendo, pese a la moratoria internacional que se acordó el año pasado debido a que estas armas diseminan submuniciones sin estallar que afectan a civiles.

Como coloso que es, Brasil ha ofrecido trabajar por catapultar la industria militar regional, en el marco del Consejo de Defensa Sudamericano. Pero habrá que ver si está dispuesto a transferir tecnología y recursos a sus vecinos.

“No está claro si va a haber posibilidad de que los países pequeños reciban ayuda técnica y económica para cuestiones de defensa, en especial de parte de Brasil. Sin eso, el Consejo sólo será un foro de diálogo; no creo que llegue muy lejos”, señaló a PODER Mauricio Cárdenas, director de la Iniciativa América Latina en Brookings Institution, centro de investigación privado con sede en Washington. Para este analista, quien fue ministro de Desarrollo Económico y Transporte de Colombia, “sin el componente económico, el Consejo no se asemejará a la OTAN, ni reemplazará al Plan Colombia ni a la Iniciativa Mérida, que tienen un rol más importante”.

Ambos programas, con alto componente de cooperación militar, son los más ambiciosos de EE.UU. en la región. Colombia, el país más violento del continente (índice global de paz 2008 de The Economist), es visto como el único aliado firme de EE.UU. en América del Sur. Desde el inicio de su mandato en el 2002, el presidente Álvaro Uribe se planteó una estrategia clara en política exterior: vincular el conflicto armado interno con la cruzada antiterrorista de la administración Bush. La “subordinación” de Uribe a Washington –como la llaman sus críticos– rindió frutos: su país es el mayor receptor de ayuda militar estadounidense del continente. A través del Plan Colombia ha recibido desde US$2.000 hasta más de US$5.000 millones. A nadie sorprendió que Uribe rechazara en un inicio la idea de entrar al Consejo de Defensa Sudamericano.

En cambio, México no fue invitado al Consejo. La explicación del ministro brasileño Jobim fue que “involucrar a México implicaba abrir la puerta también a Cuba, lo que generaría problemas con EE. UU.”. Lo cierto es que el país azteca está concentrado en su propia guerra interna contra el narcotráfico, que provocó más de 5.500 muertes en el 2008. “Si antes se debatía el liderazgo regional entre Brasil y México, hoy no hay duda: el líder es Brasil”.

La IV Flota

En julio de 2008, EE. UU. revivió la IV Flota, disuelta después de la II Guerra Mundial, para coordinar con las fuerzas armadas de América Latina labores de combate contra el narcoterrorismo, sobre todo la vigilancia de buques, aviones y submarinos. La noticia causó escozor en rincones de Sudamérica.

Desafiante, Venezuela respondió realizando maniobras con Rusia y no dudó en ofrecer su territorio para la instalación de bases de ese país. Chávez, quien originalmente había propuesto la creación de una Organización del Tratado del Atlántico Sur, presionó para alinear al flamante Consejo de Defensa Sudamericano contra EE.UU., al que considera una amenaza externa. Colombia, por su parte, exigió que el Consejo se definiera claramente contra el terrorismo. Las dos posiciones marcan las divergencias en el interior de la Unasur.

Para el ministro Ponce, es claro que no existe una amenaza externa como tal a la región, pero sí “afanes hegemónicos externos”. Ecuador decidió no renovar el acuerdo con EE.UU. para el uso de la base de Manta, que expira en noviembre de este año, y denunció la presunta participación del Pentágono en el bombardeo colombiano en su territorio de un campamento de las FARC.

Entretanto, en la propia administración de Obama, concentrada en la crisis económica global y Oriente Medio, parecen no preocupar demasiado los alcances del Consejo. “Los latinoamericanos quieren claramente romper el tradicional tutelaje ejercido por EE.UU. en cuestiones de seguridad en el hemisferio. La mayoría en Washington ve favorablemente estos arreglos; sólo unos pocos de línea dura se resisten al cambio”, señaló Shifter.

En un contexto de creciente criminalidad y otros desafíos a la gobernabilidad democrática en Sudamérica, la idea de mejorar la coordinación regional en materia de seguridad se ve con buenos ojos. Si es viable en una subregión que mantiene conflictos de larga y reciente data, está por verse. ¿Compartirían información de inteligencia los militares de Colombia con los de Ecuador? ¿O los de Argentina con los de Uruguay, países aún en crisis bilateral por la instalación de papeleras en su frontera? ¿Harían lo propio los uniformados de Bolivia con los de Chile y Perú, naciones que mantienen discrepancias por la salida al mar?

El nuevo esquema –Unasur/CDS–, siempre bajo el liderazgo de Brasil, ya pasó su primer examen el año pasado, en el conflicto entre Colombia y Ecuador, y en la crisis de gobernabilidad en Bolivia. Pero el mapa político de la subregión puede cambiar en los próximos tres años y con ello los derroteros de la integración. De los doce países de Unasur, tres tendrán elecciones presidenciales este año, y seis en el 2010 y 2011, incluido Brasil.

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